La comisión, compuesta por cinco miembros designados por Miroslav Jenca, subsecretario general de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, inició sus actividades este lunes con reuniones con altos representantes del poder Ejecutivo y Legislativo hondureño, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Entre los integrantes de la misión destacan el italiano Amerigo Incalcaterra, excomisionado adjunto de la CICIG, y la guatemalteca Ana Gabriela Contreras, quien participó en las reformas legales que permitieron el funcionamiento de dicho organismo anticorrupción.

También forman parte de la comisión el oficial senior de Asuntos Políticos de la ONU, el español Andrés Salazar van Epp, y el argentino Pedro Martín Biscay, exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y experto en derecho penal y regulación bancaria.

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Además, la mexicana María Antonia Quiroz Morales, consultora de las Naciones Unidas e investigadora del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en México, actuará como secretaria técnica de la misión.

Durante las primeras reuniones, la comisión se reunió con una comisión de alto nivel del Ejecutivo, liderada por la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, y el secretario de Transparencia, Edmundo Orellana. También estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina.

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Según un escueto comunicado emitido por el Gobierno hondureño, los miembros de la comisión del Ejecutivo destacaron "el compromiso de la presidenta Castro y su Gobierno en la lucha contra la corrupción y su voluntad de cumplir lo previsto en el memorando de entendimiento".

Mientras que Amerigo Incalcaterra, quien liderará la misión de expertos de la ONU, sintetizó que trabajarán en un "análisis del contexto jurídico hondureño" y así analizarán "las fortalezas, debilidades y falencias del sistema de persecución contra la corrupción y la impunidad".

Reunión con el Congreso

La misión de expertos también se reunió con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y demás directivos de ese poder del Estado, incluyendo a los vicepresidentes Edgardo Casaña y Rasel Tomé, quienes están incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos debido a sus presuntos vínculos con la corrupción y prácticas antidemocráticas.

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El memorando de entendimiento de la CICIH, suscrito el 15 de diciembre de 2022 entre el Gobierno hondureño y la ONU, establece la necesidad de derogar leyes que obstaculizan la persecución penal del Ministerio Público, como el decreto 116-2019, y aprobar otras, como la Ley de Colaboración Eficaz.

Expertos señalan que durante este año, el Congreso Nacional deberá sentar las bases legales necesarias para garantizar la pronta llegada e independencia de la CICIH.

Honduras ya contó con la presencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) entre 2016 y 2020, pero su convenio, suscrito entre la Administración Juan Orlando Hernández y la Organización de Estados Americanos (OEA), no fue extendido en enero de 2020 por parte del Congreso debido a los votos en contra de los diputados partidos Nacional y Liberal.

La instalación de la CICIH fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro.

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