El ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana advirtió este miércoles que las personas que se vean afectadas con el decreto de amnistía pueden pedir una indemnización de daños y perjuicios al Estado de Honduras.

En declaraciones al programa Al Banquillo de TSi, Orellana sugirió a los jueces y fiscales que conozcan los casos de dicha amnistía política estar atentos para evitar futuros procesos penales.

Seguidamente, el exfiscal de la República detalló que la amnistía que se aprobó en el Congreso Nacional que preside Luis Redondo, tiene dos apartados. Uno es para los delitos estrictamente político; además se incorpora otro concepto que es el de delitos que tiene que ver con el tema de la corrupción.

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“Esa incorporación en el decreto de amnistía de los temas de corrupción es nueva en nuestra legislación. Pero hay una salvaguarda que dejaron en ese decreto que los jueces no la han cumplido; y eso es importante destacar”, dijo Orellana.

Seguidamente, precisó que, para los delitos políticos, clasificados como tales, el Decreto de Amnistía indica que el juez tendrá que acreditar que es un delito político. Esto, con una constancia del Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh) y del Ministerio de Derechos Humanos.

No obstante, Orellana aclaró que, en el caso de los delitos de corrupción la ley dice que solamente debe ser que se trate de procesos calificados como políticamente motivados.

“No entiendo porque los jueces no han pedido que se les acredite esa calificación de políticamente motivada. Los fiscales participan también, no sé porque no han solicitado al juez que se acredite ese proceso”, sostuvo.

Consecuencias

De acuerdo con Edmundo Orellana, el Decreto de Amnistía revela que al plantear que ha sido calificado como políticamente motivado; lo que está diciendo es que el delito imputado es mentira.

“Es decir, que no existe y que le crearon una causa o un proceso. Eso significa entonces que los interesados o afectados pueden pedir indemnización de daños y perjuicios, porque lo hizo una autoridad del Estado”, expresó el reconocido profesional del derecho.

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De presentarse alguno de esos casos, según Orellana, la responsabilidad caería sobre el Ministerio Público (MP); ya que se consideraría que ese ente acusador del Estado inventó un caso en contra de un exfuncionario imputándole delitos de corrupción sin haberlos cometido.

Agregó que, también tendría la obligación el mismo MP a proceder criminalmente contra aquellos fiscales que inventaron esos casos.