El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, aseguró el jueves (10.02.2022) que no es con decretos que las autoridades hondureñas van a eliminar el desempleo, esto en relación a la iniciativa de derogación de la Ley de Empleo por Hora en el Congreso Nacional.

En su participación en el foro Frente a Frente de Televicentro, Eduardo Facussé indicó que lo que necesita Honduras es un diálogo entre los diferentes sectores para ver qué cambios se le pueden hacer a la normativa.

“Sí necesitamos diálogo para buscar soluciones, no es vía decreto que vamos a eliminar el desempleo, la manera de eliminarlo es creando las condiciones”, añadió.

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Asimismo, manifestó que la revisión de la Ley de Empleo por Hora es sana debido a que hay muchas personas que están inconformes, además, que entre las opciones que se pueden plantear es que se limite solo para estudiantes.

Derogación de la ley afectará a los empleados  

Por su parte, el abogado hondureño, Óscar Melara, aseguró que la derogación de esa legislación afectará más a los empleados que a los propios empresarios del país.

Asimismo, el profesional del derecho indicó que el problema no es la ley como tal, sino que algunas empresas quizá no la están aplicando correctamente.

De igual forma, explicó que la normativa sí contempla derechos laborales como la cotización al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), José Luis Rivera, aseguró que las empresas que están legalmente registradas sí están cumpliendo con sus obligaciones patronales.

Posición de las centrales obreras    

Daniel Durón, dirigente obrero, manifestó que las centrales de trabajadores mantienen su posición de que la Ley de Empleo por Hora debe ser derogada porque aseguran que trastoca principios legales y disminuye los derechos de los empleados.

“El simple hecho de trastocar, de disminuir estos tres principios legales que nosotros hemos luchado toda la vida que se mantengan incólumes, ya es una disminución de derechos”, agregó.  

De derogarse esa norma, se estarán perdiendo al menos 700,000 puestos de trabajo, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

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