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"Es importante que ellos (los diputados) han empezado a trabajar de nuevo y estamos todos en este país esperando 86 votos (del Congreso) para elegir al fiscal", subrayó la diplomática estadounidense.
Estados Unidos ha venido solicitando la elección de los nuevos fiscal general y fiscal general adjunto de Honduras con la mayoría calificada de 86 de los 128 diputados del Congreso Nacional.
El fiscal general y el adjunto debieron ser electos a más tardar el pasado 31 de agosto de 2023, para que asumieran el 1 de septiembre de ese año, pero no fue posible por la falta de consensos entre las bancadas de los partidos que integran el Legislativo.
Comisión Permanente
La Comisión Permanente del Congreso Nacional, conformada por 9 diputados oficialistas, designó el pasado 1 de noviembre de 2023 de forma unánime a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto, ambos de manera interina.
La mayoría de las fuerzas de oposición no reconocieron a la Comisión Permanente creada por el titular del Legislativo, Luis Redondo, ni a los dos nuevos fiscales interinos. Hasta ahora se desconoce cuándo serán electos los dos nuevos fiscales en propiedad.
¿Elección ilegal?
Según un informe anual de la organización Transparencia Internacional (TI), divulgado el 30 de enero de 2024, las autoridades del Ministerio Público de Honduras fueron electas por el Congreso "sin ninguna transparencia y en forma ilegal".
"Honduras también se ha enfrentado a un debilitamiento significativo del sistema de pesos y contrapesos institucionales. La captura cada vez mayor del Congreso por parte del Poder Ejecutivo ha permitido el nombramiento del fiscal general por parte del Legislativo sin ninguna transparencia y en forma ilegal", subraya el informe.
Añade que Honduras también "vive ataques cada vez más frecuentes contra la prensa y las organizaciones de base que interpelan al poder para que rinda cuentas, consolidando así la tendencia autoritaria en el norte de América Central".
Honduras no avanzó en la lucha contra la corrupción, por lo que obtuvo una calificación de 23 puntos de 100, al igual que el año anterior, según el Índice de Percepción de la Corrupción.