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Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, quien formó parte de la Policía Nacional de Honduras (PNH) durante casi 30 años, llegó a ocupar el puesto más alto de la fuerza policial.
Sin embargo, en lugar de "usar su posición para brindar seguridad al pueblo hondureño y generar un impacto positivo, eligió facilitar el tráfico de cocaína a gran escala y utilizar la violencia, incluido el asesinato, para proteger toneladas de cocaína para algunos de los mayores narcotraficantes del mundo", según el documento de sentencia elaborado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Bonilla se alió con poderosos políticos hondureños, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández y el excongresista y narcotraficante Juan Antonio Hernández Alvarado, condenados a 45 años y cadena perpetua, respectivamente, en Estados Unidos.
Ayudó a estos a corromper las instituciones hondureñas y a infligir violencia y destrucción en todo el país durante más de una década, incluso participando en el asesinato de uno de los rivales narcotraficantes de "Tony" Hernández.
A cambio de la protección y seguridad que proporcionó a sus aliados políticos y narcotraficantes, y de su disposición a cometer actos de violencia extrema en su nombre, Bonilla ascendió a la cima de la Policía Nacional hondureña.
Los ilícitos
Según la Fiscalía, Bonilla proporcionó protección armada para montañas de cocaína que viajaban a través de Honduras.
Ordenó a otros agentes corruptos bajo su mando que protegieran de manera similar esos envíos.
Además, proporcionó información sensible sobre operaciones de interdicción de las fuerzas del orden a sus co-conspiradores en apoyo de su tráfico de cocaína.
“El acusado fue un participante esencial en una de las mayores conspiraciones de tráfico de cocaína del mundo. Desde aproximadamente 2003 hasta 2016, abusó de sus cargos en la Policía para brindar protección armada a los cargamentos de cocaína que atravesaban Honduras”, afirma el documento de la Fiscalía.
¿A quiénes protegió?
El Tigre protegía a figuras como "Tony" Hernández, Amílcar Alex Ardón Soriano, Víctor Hugo Díaz Morales, Leonel Rivera Maradiaga y la organización de tráfico de drogas del cartel Valle Valle.
Durante su tiempo como jefe de la Policía, Bonilla, junto con narcotraficantes mexicanos, recibió un cargamento de aproximadamente 800 a 850 kilogramos de cocaína en una pista de aterrizaje clandestina en Yoro, en la zona norte de Honduras.
Cuando el avión aterrizó, los traficantes mexicanos llegaron acompañados de Bonilla y dos patrullas policiales, cuyos oficiales estaban armados y uniformados. La droga fue cargada en autos de policía que se alejaron con las sirenas encendidas.
Las actividades de Bonilla continuaron incluso después de dejar el cargo de director policial.
En 2014 y 2015, Díaz Morales coordinó envíos de cocaína que llegaron a Honduras en avión y luego fueron transportados por vehículos hacia la frontera con Guatemala.
Estos envíos fueron escoltados por seguridad armada, incluidos rifles M-16. Díaz Morales sobornó a miembros de la Policía, incluidos los sobrinos de Bonilla, para garantizar el transporte seguro de la cocaína.
Fiscalía pide sentencia ejemplar
El Departamento de Libertad Condicional recomendó cadena perpetua para Bonilla, destacando que debía haber sido un símbolo de la ley y el orden en Honduras, pero eligió enriquecerse y erosionar la confianza pública en la Policía.
Bonilla jugó un papel crítico en la conspiración y abusó de su posición para proteger cargamentos de cocaína y cometer actos de violencia a instancias de sus aliados narcotraficantes.
“El acusado no era simplemente uno de los muchos oficiales corruptos que protegieron a los narcotraficantes a cambio de sobornos. Aprovechó su posición oficial para llenarse los bolsillos y apoyar a algunos de los narcotraficantes más notorios de Honduras”, señala la Fiscalía.
Bonilla aseguran que no puede alegar pobreza o falta de oportunidades como excusa para su conducta.
A pesar de tener todas las oportunidades para llevar una vida respetuosa de la ley, eligió un camino destructivo y abusó de su posición para proteger a narcotraficantes y sus cargamentos de cocaína, ejerciendo violencia en su apoyo.
Mientras la defensa de Bonilla pide una sentencia de diez años, la Fiscalía considera que una sentencia de 30 años de prisión para Juan Carlos Bonilla enviaría un mensaje claro a quienes puedan considerar participar en el mismo tipo de tráfico de drogas patrocinado por el Estado, mostrando que el sistema de justicia estadounidense no tolerará una conducta tan abominable y corrupta.