La abogada especializada en derecho penal constitucional, Ana Pineda, critica que para estos cargos prevalezcan los méritos políticos en lugar de la capacidad, integridad y aptitud. Estos aspectos fueron evaluados minuciosamente por la Junta Proponente, la cual tuvo la tarea de calificar a 26 candidatos y remitió al Congreso Nacional a los cinco más sobresalientes para la selección final.

"La institucionalidad actualmente no funciona porque se copta al poner militantes o activistas políticos, mandaderos en términos generales, y no personas que vayan a cumplir con el mandato constitucional y legal de los cargos que van a ejercer", expresó Pineda durante su participación en el foro "Frente a Frente" de Canal 5.

Un voto no implica un compromiso

Por su parte, el abogado independiente Gustavo León subraya que es imperativo cambiar la mentalidad que asocia la elección por el Congreso Nacional de candidatos a altos cargos con la obligación de responder a un partido político específico, al cual pudieron haber apoyado durante elecciones primarias o generales. Esta perspectiva limita la independencia y las cualidades inherentes a dichas posiciones.

"Que una persona vote por un partido u otro (...) no significa que tienen un compromiso o que responden a intereses de un partido político", afirmó.

Hipocresía política

El abogado penalista Jair López señala que cuando se desarrollan estos procesos, los congresistas frecuentemente caen en la hipocresía al prometer restaurar la institucionalidad y combatir la corrupción mediante la selección de individuos independientes y cualificados, pero finalmente emiten su voto priorizando intereses políticos.

"Me parece una hipocresía política porque: por un lado, los diputados dicen que necesitamos un mejor Ministerio Público; (por otro lado) siempre andan buscando los colores políticos al momento de seleccionar", argumentó.

López también destaca que en las últimas elecciones, los partidos políticos suelen convocar a los aspirantes para reunirse con ellos y establecer compromisos.

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Proceso de elección del fiscal

El 1 de agosto, la Junta Proponente presentó ante el Congreso Nacional la lista con los cinco candidatos más destacados del proceso de selección para los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público durante el periodo 2023-2028.

Los nominados para dirigir la Fiscalía General de la República de Honduras son: Jenny Gabriela Almendares Flores, Mario Alexis Morazán Aguilera, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya Álvarez y Pablo Emilio Reyes Theodore.

En la siguiente etapa del proceso, los 128 diputados del Congreso Nacional deberán llevar a cabo la elección con una mayoría calificada de 86 votos a favor para designar a las nuevas autoridades, quienes asumirán sus responsabilidades a partir del 1 de septiembre.

Estas personas ocuparán las posiciones actualmente desempeñadas por Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, los actuales fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente, cuyos mandatos constitucionales finalizarán el 31 de agosto.

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