Además, señaló que la elección debe contar con el voto favorable de al menos 86 de los 128 diputados que conforman el Poder Legislativo, conforme a lo establecido por la ley.

Por otro lado, el Cohep considera que el proceso debe garantizar la independencia de poderes, haciendo especial mención a la marcha convocada para el próximo martes 29 de agosto por la presidenta Xiomara Castro.

"El propósito de esta marcha debe darse en cumplimiento del derecho de manifestación pacífica y su intención no debe de ser generar inseguridad e injerencia hacia el Poder Legislativo", según lo expresa el comunicado del Consejo.

Asimismo, se hace un llamado a los congresistas para que inicien un diálogo y lleguen a acuerdos que beneficien al país, poniendo fin a la ingobernabilidad y a la falta de tolerancia. El objetivo es establecer un liderazgo en el Ministerio Público que garantice la independencia en sus acciones y que estas sean garantes del Estado de derecho.

Finalmente, el Cohep solicita a los tres poderes del Estado que aseguren un clima de certeza y seguridad ciudadana y jurídica. Al mismo tiempo, se pide a la comunidad nacional e internacional que preste atención a los acontecimientos en el Congreso Nacional relacionados con la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto.

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Candidatos y autoridades salientes

El próximo martes 29 de agosto se espera que en el Congreso Nacional se presente una moción nominativa con los dos candidatos a ocupar los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público.

Los cinco candidatos propuestos por la Junta Proponente son los siguientes: Jenny Gabriela Almendares Flores, Mario Alexis Morazán Aguilera, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya Álvarez y Pablo Emilio Reyes Theodore.

Dos de ellos sustituirán al actual fiscal general Óscar Chinchilla y al fiscal general adjunto Daniel Sibrián, cuyos mandatos finalizan el 1 de septiembre próximo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL), las actuales autoridades del Ministerio Público mantendrán sus cargos hasta que el Congreso Nacional designe a sus sucesores.

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