La pandemia del coronavirus (covid-19), va dejando estragos irreparables a su paso, causando múltiples decesos en la mayoría de países del mundo, pero volviendo aún más vulnerables a sectores de la población tales como enfermos de diabetes, hipertensión, con problemas cardiovasculares y con complicaciones respiratorias.

En Honduras no ha sido la excepción, y la pandemia ha atacado a un sector de por sí ya vulnerable en el país: los pacientes renales. A estos, debido al impacto de la enfermedad, se les ha reducido sus sesiones de diálisis, las que eran aplicadas tres veces por semana, pero, debido a la saturación hospitalaria, actualmente solo se les aplica dos, lo que complica su estado de salud, ya complicado.

Aparte de luchar contra su estado de salud, más de 3,800 pacientes renales en Honduras deben buscan protegerse del silencio con el que va arrasando el coronavirus, el cual ya deja unos 300 pacientes renales contagiados de la enfermedad a nivel nacional, y 150 muertos contabilizados por sospecha de la enfermedad.

30 muertos en junio; uno diario

Daniel Mairena, presidente de la Asociación de Enfermos Renales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aseguró que en el mes de junio se reportaron unos 30 muertes de pacientes renales sospechosos de covid-19 en Tegucigalpa, al menos uno diario.

"Estamos realmente preocupados porque quienes están poniendo los muertos en esta pandemia son los pacientes renales, si bien es cierto van más de 700 muertos al día de hoy a nivel nacional, la cuarta parte de los muertos por covid-19 son pacientes renales, ya van más de 100 muertos de pacientes renales a causa del covid-19 a nivel nacional. Nuestro sistema sanitario está colapsado, pero los que están falleciendo son los enfermos renales", dijo.

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"Dejaron a los enfermos crónicos prácticamente a que se contagien, y esto es inhumano, es un acto criminal que los pacientes renales en el IHSS están muriendo uno al día, solo en junio van 30 muertos que eran pacientes renales a causa del covid-19, por la exposición que nos dejaron, ya que en la unidad metían pacientes de covid-19 en donde estaban los pacientes renales", agregó.

Mairena aseguró que en los primeros 10 días de julio se han reportado siete fallecimientos sospechosos de covid-19 en el IHSS de Tegucigalpa. A nivel nacional van unos 150 muertos, de los cuales 100 son de la capital hondureña.

Por su parte, Jorge Cervantes, presidente de la Asociación de Enfermos Renales de Honduras, denunció que en San Pedro Sula a raíz de la reducción de las sesiones de diálisis, habían pacientes que estuvieron hasta 12 días de no recibir el tratamiento, lo que agravó el estado de salud de algunos.

Cervantes enfatizó que la empresa Diálisis de Honduras posee más de 160 máquinas para el tratamiento de los pacientes en esa ciudad, pero, violentando el contrato suscrito con la secretaría de Salud, ha decidido remitir a los pacientes al Hospital Mario Catarino Rivas donde solo existen tres máquinas que son utilizadas para pacientes internos.

"El problema es serio. El Hospital Mario Catarino Rivas y la Clínica de Diálisis no se ponen de acuerdo. La unidad para atender a los enfermos renales está a la par de la sala de los pacientes de coronavirus, hecho que les coloca en un estado de alarma", lamentó Cervantes.

"Los pacientes no cuentan con garantías jurídicas para recibir los tratamientos que actualmente reciben"

Enrique Flores, delegado de la Asociación Latina de Pacientes Renales, lamentó que se tenga que recortar las sesiones de tres a dos veces por semana, ya que esto disminuye la calidad de vida de las personas con problemas renales.

“Los pacientes no cuentan con garantías jurídicas para recibir los tratamientos que actualmente reciben. Este es un acuerdo a través del Estado y la empresa proveedora del servicio de diálisis”, manifestó Flores.

Además apuntó que para la empresa poder prolongar la disponibilidad de insumos, es necesario que reduzca cuatro horas de tratamiento a la semana.

En junio, el Congreso Nacional aprobó en una sesión virtual un decreto orientado a implementar medidas de bioseguridad para garantizar la continuidad del tratamiento de hemodiálisis y diálisis a todos los pacientes con insuficiencia renal crónica durante la emergencia sanitaria por el covid-19.

El decreto establece que el Estado debe asegurarse de que todos los pacientes reciban el tratamiento correspondiente, sin discriminación para aquellos pacientes positivos de covid-19.

En un informe divulgado en el 2018, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló que los medicamentos y tratamientos para pacientes con insuficiencia renal no se estaban proporcionado, a pesar de las denuncias y acciones realizadas por los pacientes.

"Otro aspecto relevante que ha afectado la salud de muchas personas, es el desabastecimiento de medicamentos e insumos para personas con insuficiencia renal. Ha sido de conocimiento público las denuncias que estas personas realizan constantemente para que los establecimientos puedan suministrar a las mismas los medicamentos y los insumos que se requieren para la atención de esta enfermedad", indica el informe del Conadeh, "Derecho Humano a la Salud, por los habitantes de Honduras”.

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