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Honduras se apresta a poner en vigencia el nuevo Código Penal a partir del próximo 25 de junio, una Ley que mantiene confrontados a diversos sectores del país entre que reduce y no penas a varias figuras delictivas, frena la extradición y violenta la libertad de expresión.
Mientras tanto, el Congreso Nacional, creador de la normativa legal que sustituirá a la que está vigente desde 1983, asegura que mantiene procesos de socialización, a 7 días que el nuevo instrumento entre en vigor, en medio de la emergencia nacional por la pandemia del covid-19.
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Para el viernes 19 de junio el Congreso invitó a abogados litigantes privados a un conversatorio sobre la implementación del nuevo Código Penal. Antes socializó con estudiantes y catedráticos de derecho, organizaciones de derechos de la mujer y otros sectores.
El Legislativo por medio de sus redes sociales ha insistido que el Código penal no favorece a corruptos, no frena las extradiciones, no criminaliza las protestas, entre otras acciones en defensa a la Ley.
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El Congreso indicó recientemente que el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, "busca desprestigiar al Legislativo y manipula el contenido de la información al indicar que se reducen penas a delitos contra la administración pública".
El CNA es uno de los sectores de sociedad civil que se opone al nuevo Código Penal, sobre todo porque asegura que favorecerá a los corruptos con bajas penas de cárcel. El CNA y la Cámara de Comercio en Industrias de Cortés (CCIC) han pedido insistentemente la abrogación de la Ley Penal.
Según el abogado penalista y asesor del Congreso, Hermes Ramírez, los temas de delitos de corrupción se están viendo desde un punto de vista "fanático", y se deja a un lado el abordaje de temas de forma técnica y científica.
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Según el diputado de oposición, Jari Dixon, el nuevo Código Penal "no lo pidió nadie", señalando que fue una iniciativa del Partido Nacional para favorecerse ante cuestionamientos a varios de sus líderes en presuntos actos de corrupción.
Por su parte, el Colegio de Periodistas alerta que de entrar en vigencia la normativa legal, los periodistas quedarán desprotegidos porque se criminaliza los delitos los delitos contra el honor.
Entretanto, el CNA inició una campaña en redes sociales para que la población se manifestara en contra del Código Penal; ciudadanos comunes, empresarios y abogados han apoyado la iniciativa. En su defensa el Congreso Nacional también hace una manifestación en sus redes.
