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La renovación de tres contratos de energía eléctrica que aprobó el Congreso Nacional ha generado un agrio debate entre sectores que consideran que las modificaciones se hicieron al margen de la ley y en condiciones leoninas, y el Poder Legislativo afirma que no trastocó ninguna cláusula de forma ilegal.
El Congreso aprobó el viernes 3 de septiembre de 2020 en una sesión virtual la extensión por 12 años a tres contratos suscritos en 2015 a favor de Comercial Laeisz para la generación de 70 megavatios en el litoral atlántico (Colón, Atlántida y parte de Yoro) a base de diésel.
El costo promedio del kilovatio hora, fijados en los acuerdos es de $ 0.080 para la región de San Isidro y La Ceiba y de 0.083 para Regulero y La Ensenada, en la costa atlántica.
Mediante un comunicado conjunto, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y el Operador del Sistema (ODS), señalaron que el Legislativo cambió los plazos de cumplimiento, puntos de conexión a la red y el tipo de combustible a utilizar en la producción.
Con estos cambios, según la CREE y la ODS, el CN violó la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), que, entre otras cosas, ordena que sean estos organismos los que conozcan previamente sobre cualquier acto relacionado con la generación de electricidad, incluyendo os contratos de energía, pero no se les tomó en cuenta.
“Este mecanismo de modificación de los contratos está fuera de la ley y atenta contra el compromiso del cumplimiento de la LGIE, viola el principio de competencia y transparencia de los procesos de licitación, porque afecta a los consumidores finales, ya que no asegura que los precios pagados como resultado de esta modificación sean los menores”, dice el comunicado.
De acuerdo con el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, el CN provocará un daño a los intereses económicos de la estatal porque se mejorarán las condiciones contractuales a favor de Grupo Laeisz y si estas se hubieran establecido en la licitación original, habrían participado más oferentes y se habrían obtenido mejores precios por generación.
También criticó que ninguna de las comisiones especiales de energía del Congreso dictaminó el proyecto para las ampliaciones de los contratos.
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Por su lado, el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano negó que se hayan realizado modificaciones al contrato para beneficiar al proveedor en aspectos como los puntos de conexión de la red, en el tipo de combustible a utilizar o la fuente primaria de generación de energía.
“Tanto la CREE como la ODS deben emitir un comunicado retractándose de las falsedades emitidas en su comunicado”, indicó Zambrano.
El legislador explicó que la ampliación a 12 años de los periodos de vigencia de los acuerdos se hizo porque en un principio los contratos tenían una duración de cinco años cuando el artículo 15 de la Ley General de la Industria Eléctrica, ordena que este tipo de convenios no deben ser inferiores a los 10 años.
Insistió que estos contratos fueron suscritos en 2015 mediante licitaciones públicas y que se han respetado las condiciones que se plasmaron.
Zambrano hizo referencia a que también se aplicó una especie de descuento de 20% en los contratos que se ampliaron, pero no explicó en qué consiste la rebaja.
El sindicalista Migue Aguilar solicitó al Ministerio Público investigar la “modificación ilegal de los contratos”.
