El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía (2016-2019), explicó este lunes su razón para rescindir un contrato con Nacional de Ingenieros Electromecánica (NIE) que concluyó en un pago de la estatal por 710 millones de lempiras por daños y perjuicios.

En ese sentido, el exfuncionario señaló que sin licitación "por necesidad" se suscribió un contrato de suministro de capacidad y energía eléctrica con NIE para la instalación de una línea de baja tensión en la subestación de la ENEE en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Para 2015 (publicado en el Diario Oficial La Gaceta en 2016) dicho convenio fue modificado con una ampliación por 15 años y estableciendo que cambiarían de una planta de diésel a búnker por ser más barata.

"Ellos tenían que iniciar operación en principios de 2018 y no lo hicieron, incumplieron un año y medio antes porque para iniciar la planta de búnker lleva mucho tiempo (...) el montaje puede llevar hasta 30 meses", indicó.

De acuerdo con Mejía, la rescisión del contrato por incumplimiento de NIE se hizo en forma y al final de su administración este contaba con una sentencia firme, puesto que no hubo interposición de recursos por la parte afectada.

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Pago de demanda

"Estoy pidiendo información para estudiar y ver en qué momento, fuera de mi administración, fue que motivó al gerente Leonardo Deras (2019-2020) y de la CREE en 2021 de cancelar la notificación de cancelación", señaló.

Lo anterior creó la posibilidad al NIE de continuar la ejecución del contrato, pero para dicho punto la empresa estaba interesada en el pago de indemnización.

La sociedad entabló un reclamo judicial y el 15 de diciembre de 2021 se condenó al Estado con el pago de una millonaria indemnización por daños y perjuicios, algo que para Mejía no era procedente porque "no hubo inversión ni siquiera en terreno y compra de maquinaria".

Dicha demanda establecía un monto inicial de L 899 millones 935 mil 961, no obstante, ENEE y NIE conciliaron L 710 millones mediante un plan de pagos.

El mismo consiste en una prima de 200 millones de lempiras, posteriormente, se efectuarán ocho cuotas de L 63 millones 750 mil desde mayo hasta diciembre del 2022.

Por dicha situación, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público un informe con indicios de responsabilidad penal por negligencia por parte de las exgerencias de la estatal, la cuales conllevaron a la millonaria liquidación del Estado.

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