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El camino jurídico que le espera al expresidente Juan Orlando Hernández en una Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, no será fácil de acuerdo con especialistas en temas legales.
En ese sentido, según los abogados hondureños, el exmandatario hondureño debería de confesar su culpabilidad, llegar a un acuerdo y evitar ir a un juicio, donde las opciones de convencer al jurado son pocas.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado el jueves 21 de abril en un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) desde Tegucigalpa hacia Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y puede enfrentar penas de cadena perpetua.
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Un Beechcraft de doble turbohélice de la agencia antidrogas estadounidense despegó desde una base de la Fuerza Aérea Hondureña con Hernández custodiado a bordo, esposado y vistiendo una sudadera azul y pantalón de mezclilla.
El exgobernante de 53 años, que fue presidente entre 2014 y 2022, fue capturado en su residencia en Tegucigalpa el 15 de febrero, un día después de que Estados Unidos solicitara su "detención provisional" con fines de extradición, y desde ese día permaneció recluido en la Dirección Nacional de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.
El 16 de marzo, un juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la extradición de Hernández, quien también fue presidente del Parlamento hondureño entre 2010 y 2014.
El 8 de abril, la Sala Constitucional del Supremo ratificó la extradición de Hernández, que el pleno de la CSJ, compuesto por quince magistrados, había confirmado el 28 de marzo.
Cargos contra Hernández
Estados Unidos acusa a Juan Orlando Hernández de tres cargos ligados al narcotráfico y el uso de armas.
El primero es por conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos. En el mismo cargo se le acusa de fabricar, distribuir y poseer una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en el país norteamericano.
El segundo cargo es por usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Mientras que el cargo tres se refiere a una conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivo en apoyo de la conspiración de importación de drogas.
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