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Los operativos de captura han sido ejecutados por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), una fuerza de seguridad especializada en combatir el crimen organizado y las pandillas que operan en Honduras.

Según los detalles proporcionados por la Dipampco, de las detenciones realizadas, apenas 360 de los capturados pertenecen a la pandilla Barrio 18, mientras que 329 son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), las dos pandillas a las que se le atribuyen la mayor cantidad de delitos como extorsión, robo de vehículos, tráfico de drogas, sicariato y secuestros

Esto significa que apenas el 38.4 % de los capturados en el marco del estado de excepción pertenecen a ambas estructuras criminales, según los datos divulgados por la Secretaría de Seguridad.

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Además de estos miembros de las pandillas, se ha logrado la captura de 1,107 (61.6 %) individuos asociados a otras estructuras delincuenciales que "también representan una amenaza para la seguridad de la ciudadanía hondureña", indicó Seguridad en su comunicado.

Drogas y armas

Los operativos también han permitido importantes decomisos de drogas. Entre los decomisos más significativos se incluyen 46 kilos de cocaína y 15,137 puntas de cocaína incautadas.

Adicionalmente, se confiscaron 1,279 libras de marihuana, así como 12,202 bolsas de esta misma sustancia, listas para su venta. Asimismo, se decomisaron 931 carrucos de marihuana y 4,754 piedras de crack.

En el marco de las detenciones, se ha realizado la incautación de 443 armas de fuego, que eran utilizadas tanto para cometer crímenes como para amenazar a las víctimas en casos de extorsión.

El subdirector operativo de la Dipampco, subcomisionado Eduardo Lanza, ha destacado que estas detenciones representan un golpe no solo al crimen organizado a nivel local, sino también para prevenir la expansión de sus actividades a nivel regional.

Críticas al estado de excepción

A pesar de lo anterior, ha habido críticas de organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sobre todo, por la baja judicialización de estas personas.

Hasta el 1 de mayo de 2023, solo se habían judicializado 86 casos de extorsión ante los juzgados en materia de extorsión con sede en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en el norte de Honduras, según el informe "Extorsión bajo la lupa" de la ASJ.

La organización todavía no ha actualizado las cifras, a menos de dos meses para que el estado de excepción cumpla un año de vigencia.

Adicionalmente, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, ha expresado su preocupación por el estado de excepción vigente en Honduras para combatir la delincuencia, argumentando que se han registrado "violaciones de los derechos humanos".

El estado de excepción, vigente en Honduras desde el 6 de diciembre de 2022, suspende algunas garantías constitucionales, como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.

Este estado de excepción, que recientemente se extendió hasta el 17 de noviembre, forma parte de las medidas adoptadas por la Administración Xiomara Castro para reducir la violencia en varios municipios del país.

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