El decreto ejecutivo PCM 29-2022 que contempla estado de excepción debe ser ratificado por el Congreso Nacional y notificado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Organización de Naciones Unidas (ONU) para tener plena vigencia, según Luis Chinchilla, directivo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

En tal sentido, estos pasos procesales deben cumplirse para no rozar la ilegalidad. Dichos aspectos están establecidos en los artículos 5 y 6 de la normativa que fue publicada en el diario oficial "La Gaceta" y entra en vigencia a partir de hoy a las 6:00 p.m. en 162 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

"Un llamamiento al Poder Legislativo para que conozca (y ratifique, modifique o impruebe) de forma inmediata de este decreto, formalmente tiene 30 días", indicó el director de la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico de Conadeh.

"Honduras es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y en ese sentido corresponde notificarlo al secretario de la OEA. Honduras también está restringiendo ciertos derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por ende corresponde notificarlo al secretario de la ONU", agregó.

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Según Chinchilla, una vez se cumpla este proceso legal y constitucional la norma tendrá plena vigencia.

Finalmente, detalló que el decreto cuenta con legitimidad por tratarse de un fin necesario para la sociedad, como ser el combate al crimen organizado, no obstante queda el análisis tras la práctica de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

Estado de excepción

Este martes 6 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. inicia un estado de excepción en 162 barrios y colonias (89 en Tegucigalpa y 73 en San Pedro Sula) vigente hasta las 6:00 p.m. del jueves 6 de enero de 2023.

La normativa que consta de 7 artículos estipula la suspensión de las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 referentes a la libertad personal, de asociación y circulación, también faculta a los entes de seguridad encarcelar -tras la debida investigación- a quienes estén asociados con el crimen organizado.

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