Quienes votaron en forma arbitraria a favor de la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012, podrían ser demandados por el Estado de Honduras, aseguran analistas.

Lo anterior, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado hondureño a pagar una millonaria indegnización por la "destitución arbitraria e ilegal" de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

En ese sentido, los consultados por Telenoticias Estelar de Canal 5, indicaron que el artículo 324 de la Constitución de la República, refiere que, entre otras cosas, que si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado.

"Una vez que el Estado cumpla con esta obligación, tendrá que resarcir estos daños con las debidas demandas contra todos aquellos que votaron a favor de la separación de estos magistrados", explicó el abogado constitucionalista, Octavio Pineda.

LEA: CSJ y PGR cumplirán sentencia de la CIDH por destitución de magistrados de la Sala Constitucional en 2012

Por su parte, el exdiputado hondureño German Leitzelar, es del criterio que de acuerdo a lo indica la ley, los parlamentarios que incurren en este tipo de delitos, deberían ser sujetos a sanciones civiles, penales y administrativas.

"Esto tiene que estar regulado, no solo en la Constitución, sino también en la normativa de la responsabilidad penal en el Código Civil o la responsabilidad penal", apuntó Leitzelar.

En diciembre de 2012 y durante la administración de Juan Orlando Hernández, el Congreso Nacional aprobó en un madrugón la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.

97 de los 128 diputados propietarios prestaron su voto para que se consumara, lo que algunos sectores del país consideraron en su momento, un golpe al Poder Judicial.

Sin embargo, varios congresistas se opusieron a la separación de estos funcionarios judiciales, al considerar que no era correcto y porque se estaban extralimitando con el poder.

Sentencia de la CIDH

El fallo de la CIDH apuntó que el Estado hondureño no garantizó el acceso a un recurso efectivo de defensa y que incumplió el deber de investigar las amenazas hostigamiento que recibieron las víctimas de este caso, así como el deber de establecer medidas de protección.

Además, el tribunal internacional determinó que el Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales; al principio de legalidad, a los derechos políticos, a la protección judicial, al derecho al trabajo y a la integridad personal.

El caso se remonta al año 2012, cuando los magistrados declararon como inconstitucionales iniciativas del Gobierno para crear las "ciudades modelo" y la "Ley de depuración policial", lo que generó presiones y hostigamiento por parte de autoridades gubernamentales, incluido el entonces presidente del país, Porfirio Lobo.

De su lado, el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández, creó una comisión especial para investigar el comportamiento de los magistrados el 10 de diciembre de 2012, al día siguiente emitió un informe y horas después, la madrugada del día 12, el Legislativo destituyó a los magistrados sin permitirles defenderse.

Los magistrados también relataron que tras su destitución sufrieron persecución, hostigamiento y atentados. 

Entre las medidas de reparación ordenadas se encuentran el pago de una indemnización compensatoria a las víctimas, un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, y la adopción de medidas legislativas para ajustar el ordenamiento jurídico a estándares internacionales.

VEA: Fallo de la CIDH obliga a Honduras a pagar más de L12 millones a cada magistrado