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Fueron reiterados los oficios que desde el mes de mayo y junio envió la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva, como presidenta de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Esas notas iban dirigidas al exministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y al entonces director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, hoy ministro.
La Comisión Interventora del INP, nombrada el 11 de abril de 2023, asegura que buscó apoyo para ejecutar requisas y operativos, pero no les apoyaron. "Nos dejaron solos", lamenta Julissa Villanueva.
Por ejemplo, al director de la Policía Nacional se le giraron 15 oficios y no respondió a ninguno.
Al ministro de Seguridad en ese entonces le enviaron 21 oficios y tampoco les dio respuesta.
Y hay otros oficiales más a los que se les enviaron comunicaciones, pero no respondieron; la comisión interventora se vio sin apoyo.
"Fueron muchas notas que no se dignaron en responder, el entonces director de la Policía me pidió que todo lo canalizara con el ministro para que él ordenara, pero el ministro no dio seguimiento", lamenta Villanueva.
Los oficios
Los primeros oficios datan del 1 de mayo de 2023. Por ejemplo, el CICIP-CP001-2023, dirigido al comisionado general Gustavo Sánchez-
En esa comunicación le pedían apoyo para planificar, ejecutar, supervisar y evaluar una operación de desarme general y simultánea en todos los centros penitenciarios.
La comisión pedía que la Policía identificara e inhabilitara los accesos, vías de escape y la comunicación que, según refiere, ya tenía conocimiento la institución policial.
"Pedía un plan operacional, pero el mismo nunca se formuló", refiere.
El 2 de junio de 2023, Julissa Villanueva gira un oficio, el CICP-CP-141-2023, al exministro Sabillón para que instruyera a la Policía Nacional para hacer una requisa en la Penitenciaría Nacional de Támara.
Todo en el marco de la Operación del Plan Refundación Penitenciaria II, querían ejecutarla entre el 13 al 17 de junio, pero tampoco hubo eco a la petición.
El 16 de junio de 2023, según consta en el oficio número CICP-CP252-2023, Villanueva alertó de una posible reyerta que organizaban los privados de libertad para un escape, que dijo ya conocía la Policía Nacional.
Ante la alerta la comisión pedía redoblar la seguridad interna y externa de los centros penitenciarios, pero tampoco hubo respuesta.
Ante esto la comisión con los pocos oficiales que aseguran se fajaron para responder a los requerimientos, hicieron algo en el proceso, porque se encontraron con enormes barreras que fue difícil vencer.
Habla la viceministra
Julissa Villanueva dijo a tunota.com que creyó tener mejor respaldo policial, pero se topó con muchos intereses.
"Creí que se podían superar los impasses, pero la tragedia llegó y ese acto terrorista logró que se les cumpliera el objetivo, la salida del general Sabillón y el fin de la Comisión Interventora", señala.
Villanueva aseguró que no la relevaron del cargo de viceministra de Seguridad porque la presidenta Xiomara Castro sabía que no tuvo una mala actuación.
"Más bien fui maltratada como mujer y lo poco que se hizo fue sin apoyo, hasta generar ese acto terrorista contra las mujeres privadas de libertad que dirigió el crimen organizado para dañar al gobierno", señaló.
La viceministra dice que tiene claro que no salió de la comisión interventora por ser corrupta o ineficiente.
"Yo no estaba vencida, aún me es difícil superar ese momento, porque lo que buscaba era convertir a la PNFAS en la primera cárcel certificada de Honduras", afirmó.
Julissa Villanueva agradece el apoyo de las Fuerzas Armadas que, asegura, fueron los que sí le apoyaron aunque de forma limitada.
"Les pedía apoyo amparada en el decreto y me apoyaron en las afueras, en la parte externa incluso, volando los cielos con el helicóptero", relata.
La comisión interventora luchó durante dos meses para cumplir el plan que se trazaron desde el mes de abril, pero no los dejaron.
Había avanzado incluso con asesoría israelí para mejorar el sistema, con ideas de cambio.
En esos 40 días, la comisión interventora del INP, canceló por faltas graves a 45 agentes penitenciarios.
Además, rescindió de 20 contratos, 37 suspensiones de servicios y 25 cancelaciones con los derechos laborales.
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