La investigación fue solicitada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, tras conocerse la liberación de los sospechosos Melvin Jesús Izaguirre Escobar (36) y Julio César López Mejía (37) en el caso del asesinato de Ruth Sarahí Zepeda Mejía en Santa Rosa de Copán el pasado 3 de enero.
La medida de Rivera de dictar sobreseimiento provisional a favor de los acusados, tras una audiencia inicial, generó malestar en el Ministerio Público y la Policía Nacional, quienes alegan haber presentado "8 medios de prueba contundentes" durante el proceso.
Entre las pruebas ofrecidas se encuentran informes de balística, prendas de ropa vinculadas a los sospechosos, un video de seguridad que capturó el momento del crimen, armas relacionadas con el incidente y dictámenes forenses.
La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigación (DPI), sostiene que no solo se trata de un caso sólido, sino que las evidencias presentadas son concluyentes. Por su parte, el Ministerio Público informó que apelará la resolución de sobreseimiento provisional contra los sospechosos.
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Larissa Barahona, supervisora adjunta del Poder Judicial, es quien encabeza la investigación para esclarecer que impulsó al juez Rivera para considerar que hubo falta de resultados positivos en las pruebas balísticas y en la discrepancia de los casquillos comparativos presentados por la Fiscalía. Además, cuestionar la contundencia del video de seguridad, alegando que no se puede determinar claramente quién disparó contra la víctima.
La funcionaria judicial anunció que se buscar determinar si el juez incurrió en alguna falta administrativa disciplinaria, lo que podría resultar en sanciones dependiendo del resultado de dicha indagación.
La supervisora adjunta se encuentra en Santa Rosa de Copán desde ayer para indagar más a fondo el proceder del juez en cuestión.
