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Un documento del Departamento de Estado con la Lista Engel, que señala de corrupción a funcionarios, entre estos 15 hondureños, y que fue filtrada, " no es completa" y "no precisa", aclaró una fuente de esa entidad a Prensa Libre de Guatemala.
Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. fue consultado por Prensa Libre sobre la autenticidad del documento y respondió que esa dependencia no ha completado su revisión del próximo informe al Congreso bajo la Sección 353.
"No queremos ofrecer más detalles ni abordar la autenticidad del documento. La versión filtrada del informe no es completa ni precisa", afirmó la fuente.
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La Sección 353 (b) hace referencia a la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2021.
Esa normativa establece la creación de la denominada Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les negará la entrada a EE. UU. y que no podrán obtener visados para viajar a ese país.
La supuesta Lista Engel
Este viernes trascendió el documento con la Lista Engel en el que está el registro de los nombres las personas sancionadas por Estados Unidos en cumplimiento de la "Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte", aprobada en diciembre de 2020 y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel.
En el caso de Honduras, la Lista Engel incluye a 15 personas, entre las que figuran exfuncionarios, el actual asesor presidencial, Enrique Flores Lanza y los diputados al Congreso Nacional (CN), Rasel Tomé y Edgardo Casaña.
También aparecen en el supuesto listado Harvis Edulfo Herrera Carballo, Elmer Geovanny Ordóñez Espinal; Claudia Yamila Noriega Gonzales, David Eduardo Ortiz Handal (Hawit).
Además, Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Juan Ramón Maradiaga, Roberto David Castillo Mejía; Carlos Josué Romero Puerto, Carlos Josué Montes Rodríguez, Gonzalo Molina Solórzano, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla (extraditado a Estados Unidos), Javier Rodolfo Pastor Vásquez.
Según el documento, se ha determinado que estas personas han participado, a sabiendas, en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos; en corrupción significativa y en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción.
