Al funcionario activo se le supone responsable penal del delito de cohecho impropio en perjuicio de la administración pública.

García Baide, quien ejercía sus funciones en la Fiscalía Especial de Delitos Comunes (Fedcom) en San Pedro Sula, Cortés, se encontraba investigando una denuncia por falsificación de documentos cuando las autoridades, en colaboración con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), descubrieron evidencia que sugería una conducta irregular de su parte.

Según las pesquisas, realizadas con el respaldo técnico y jurídico de los fiscales de la FEES-SJ, se determinó que en octubre de 2022, el fiscal solicitó la suma de 8,000 lempiras a una ciudadana a cambio de agilizar su trabajo investigativo.

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Esta revelación, extraída de información obtenida del teléfono móvil del imputado, sirvió como fundamento para la acción penal pública por el delito de cohecho impropio.

El cohecho impropio, tipificado en el artículo 493 del Código Penal vigente, condena la conducta de funcionarios o empleados públicos que, en provecho propio o de terceros, reciben, solicitan o aceptan dádivas bajo la promesa o retribución para realizar actos propios de su cargo.

En ese contexto, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de combatir todos los delitos sin importar a quiénes involucren, e instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita que afecte sus derechos o la integridad del Estado.

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