De esa forma, no se satisface la petición del exgobernante en acceder a toda la batería de documentos que la Fiscalía utilizó para fundamentar el caso, cuyo juicio está fijado para el 5 de febrero de 2024 y en que se incluyen como imputados a dos altos oficiales de la Policía hondureña.

Se prevé que el exmandatario, quien está preso en el Centro Correccional Metropolitano (Nueva York), tenga una reunión con sus abogados el 21 o 22 de diciembre para conocer la información.

La resolución del juez, divulgada en un documento de 12 páginas, se hace en aplicación de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (Cipa, por sus siglas en inglés), en el que también se expusieron las incidencias, entre abril y diciembre de 2023, del reclamo de la parte defensora para que se divulgaran los reportes y la negativa de la Fiscalía en hacerlo.

En concreto, Hernández solicitó, por medio de un memorándum de oposición presentado por su abogada Sabrina Shroff, el 19 de diciembre, que se ordenara a la Fiscalía proporcionar íntegramente el material clasificado en su formato original, incluyendo nombres de las fuentes que lo señalaron de estar relacionado con el narcotráfico y así garantizar que tenga un "juicio justo".

Para emitir un fallo Castel, dice la resolución, "ponderó los derechos de los acusados con los intereses de seguridad nacional planteados por el Gobierno".

Y determinó que lo conveniente era que JOH recibieran una síntesis del material probatorio, pues "esta medida contribuye a salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos y los secretos de Estado, al tiempo que garantiza que el proceso legal pueda avanzar con información pertinente, aunque de manera limitada".

La resolución del juez Castel insiste en que cierta información clasificada no requiere ser revelada en su totalidad dentro del marco de un caso legal.

Fiscalía vs. JOH

La pretensión de Hernández era que se le dieran datos sobre la "identificación de individuos, como funcionarios de alto rango" de Estados Unidos, incluyendo militares que tuvieron relación a operaciones de agencias antidrogas en Honduras, y que no solo se le permitiera conocer reportes de la Embajada de ese país en la nación centroamericana sobre esos asuntos.

Con este acceso a la información clasificada "la defensa busca(ba) la identidad del individuo ('fuente de confiabilidad desconocida') que afirmó que JOH recibió apoyo de transporte aéreo en helicóptero (de grupos criminales) para asistir a mítines políticos durante su campaña (2017)", dice el escrito.

Además requería "revelar la fuente del rumor de que JOH aceptó sobornos del grupo criminal Los Cachiros".

Otra solicitud que pidieron era revelar "la identidad/título exacto de los oficiales militares hondureños de alto y nivel medio con acceso directo e indirecto al más alto nivel de las Fuerzas Armadas hondureñas con acceso directo pero contacto insuficiente para evaluar la veracidad que respaldaron esta afirmación".

Y por último, "toda la información relativa a la operación Neptuno tal como fue respaldada por JOH y la identidad de la persona responsable del robo de 200 AK-47".

Pero la Fiscalía se opuso porque "Hernández no ha demostrado por qué la identidad de la agencia que generó el material clasificado es útil o material para su defensa o por qué su interés en obtener dicha información supera el interés del gobierno en proteger la seguridad nacional", refirió el juez en una oportunidad", señala el documento.

Juan Orlando Hernández irá al juicio junto al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos ' El Tigre Bonilla', y el comisario de Policía, Mauricio Hernández Pineda, ya que los hechos que se les imputan tienen relación, según la Fiscalía.

Están acusados de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico.

De acuerdo a la acusación, facilitaron la importación de cocaína a los Estados Unidos, también la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

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