"La inclusión de 48 municipios (de los 298 del país) más obedece a que análisis estadísticos y de inteligencia policial los catalogan como territorios del país que pueden verse afectados por el fenómeno delictivo y la influencia de estructuras como maras y pandillas, así como, otras agrupaciones criminales", señaló la institución.

La publicación de la prórroga hizo este martes en el diario La Gaceta.

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El estado de excepción ha permitido a las fuerzas de seguridad, según la Policía hondureña, "golpear a estructuras criminales que se han lucrado de la población hondureña mediante la extorsión", delito que en los últimos años ha aumentado y causado centenares de muertos y la ruina de miles de micros, pequeños y medianos empresarios.

De igual manera, la medida ha contribuido también a identificar y capturar a integrantes de estructuras criminales que se lucran además de otros delitos conexos como el tráfico de armas y drogas, robo de vehículos, homicidios, femicidios y lavado de activos.

La extorsión es una de las actividades criminales que "más recursos económicos ilícitos" ha dejado a las maras y pandillas, añadió la Policía.

Bajo este régimen de excepción, las autoridades dan cuenta de la captura de más de 4,233 personas por varios delitos de y 415 supuestos pandilleros.

También han decomisado 836 armas de fuego, erradicaron más de 42,000 arbustos de hoja de coca e incautaron 80 kilos de cocaína y cerca de 3,000 libras (1,360 kilos) de marihuana, según cifras oficiales.

Honduras registra una reducción de 132 muertes violentas desde la aprobación del estado de excepción y, además, logró bloquear 523 billeteras electrónicas y decomisar 237 tarjetas SIM utilizadas por delincuentes, destaca el ente armado.

"El combate a la extorsión y delitos conexos demanda un esfuerzo adicional y un enfoque efectivo para un alcance integral que permita mejorar las condiciones de seguridad en los municipios intervenidos", enfatizó la Policía.

Con la aprobación del estado de excepción, las autoridades hondureñas han observado "una mutación" en el actuar de las estructuras criminales, ya que ahora se mueven de áreas urbanas a las rurales, principalmente a aquellos municipios no intervenidos, según las autoridades.

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