Este programa tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento del sistema anticorrupción hondureño, y estará encaminado hacia la implementación de varias medidas.
En primer lugar, se apoyará la instauración de un mecanismo de denuncia que permita a los ciudadanos reportar actos de corrupción de manera segura y confidencial.
Además, se trabajará en la creación de un observatorio nacional que monitoree y evalúe la situación de la corrupción en el país.
La firma del programa tuvo lugar en una ceremonia en la que participaron altos funcionarios del Gobierno hondureño, entre ellos el canciller Enrique Reina y el ministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Jaime Turcios.
Por parte de la ONU, estuvieron presentes la coordinadora residente en Honduras, Alice Shackelford, y el representante en Honduras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Richard Barathe, así como Walter Reithebuch en representación de la cooperación suiza.
La implementación de este programa será llevada a cabo en colaboración entre el Gobierno hondureño, el PNUD y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción destacó la importancia de este programa en un comunicado, señalando que su propósito es "garantizar que el Gobierno adopte políticas y estrategias que promuevan la transparencia, la responsabilidad y la erradicación de la corrupción y la impunidad".
Simultáneamente, el Gobierno hondureño y la ONU están en proceso de negociar la posibilidad de establecer un convenio para la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
La aprobación de esta comisión requerirá la aprobación del Congreso Nacional.
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