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Honduras y Bolivia, presididos por los izquierdistas Xiomara Castro y Luis Arce, fueron los únicos países latinoamericanos que se abstuvieron, mientras que Cuba votó en contra.
La determinación de Honduras sorprendió debido a que otros países de la región también dirigidos por presidentes de izquierda, como Brasil, Chile, Colombia, Argentina y México, sí votaron a favor.
La directora en funciones para América de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, lamentó la decisión de Honduras.
"Honduras y Bolivia se abstuvieron de apoyar este mecanismo clave en la búsqueda de justicia para las víctimas del régimen Ortega-Murillo", escribió desde Twitter.
Honduras se abstuvo de votar en la resolución que pidió extender la vigilancia sobre Nicaragua y que fue redactada y apoyada por diez países americanos -gobernados por la derecha y la izquierda-, entre ellos el Brasil de Lula da Silva, la Colombia de Gustavo Petro, el Chile de Gabriel Boric, la Argentina de Alberto Fernández y el México de Andrés Manuel López Obrador.
También estuvieron como redactores de la extensión Canadá, Costa Rica, Ecuador, Perú y Paraguay.
En total, 21 países votaron a favor y cinco (Argelia, China, Cuba, Eritrea y Vietnam) en contra. Además de Honduras y Bolivia, hubo otras 19 abstenciones.
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El 1 de abril de 2022, Honduras había votado en contra de que se nombrara la misión de investigación para Nicaragua y cinco meses después, el 13 de septiembre, se había abstenido de firmar una declaración conjunta en contra de las violaciones de derechos humanos que se cometen en su vecino país centroamericano.
¿Qué dice la resolución?
Este lunes, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó a favor de prolongar y reforzar una misión de investigación para Nicaragua, después de que un primer informe denunció crímenes contra la humanidad.
El Consejo decidió renovar de forma excepcional el mandato de la misión de investigación por dos años y reformar su hoja de ruta, para analizar, entre otros temas la decisión del gobierno de privar a cientos de opositores de su nacionalidad.
En la resolución, el ente expresó la "grave preocupación por el deterioro de la democracia, el Estado de derecho, la separación de poderes y la situación de los derechos humanos en Nicaragua".
Desde una violenta represión de manifestaciones contra el gobierno en 2018, que dejó más de 350 muertos y cientos de detenidos, los grupos de defensa de los derechos humanos, la ONU y varios gobiernos acusan al presidente Daniel Ortega de "querer aplastar a la oposición".
En marzo, un grupo de expertos de la ONU publicó su primer informe en el que acusó el gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que afirmó que constituyen "crímenes de lesa humanidad".
La resolución condenó "en los términos más firmes" la decisión del gobierno de expulsar en febrero a 222 opositores encarcelados y de despojarlos de su nacionalidad.
*Con texto de Luis Escalante y la Agencia AFP
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