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La Corte de Apelaciones del circuito Anticorrupción declaró en las últimas horas "sin lugar" los recursos de apelación interpuestos por la defensa de tres de los 16 implicados en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”, informó el Ministerio Público.
El caso “Fraude sobre el Gualcarque” es llevado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) tras ser presentado a principios de marzo de 2019 junto con la desaparecida Maccih y que involucra a exfuncionarios de la extinta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
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"Esta causa tiene que ver con la explotación del río del Gualcarque y se relaciona con la lucha que libró la ambientalista Berta Cáceres", asesinada el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá, indicó la Fiscalía.
Al negarse sin lugar los recursos de apelación, se confirma el auto de formal procesamiento en contra del exviceministro de la Serna (Ahora Mi Ambiente), Darío Cardona y las coimputadas Ana Lourdes Martínez Cruz y Aixa Gabriela Zelaya Gómez.
A estas personas se les rechazó de nuevo "las excepciones por falta de acción por no deber proseguir y por incompetencia de tribunal interpuestas el pasado 10 y 12 de febrero con el propósito de evadir la realización del juicio oral y público", señaló el Ministerio Público.
A estas tres personas se les supone responsables de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
Denuncia de Berta Cáceres
Los otros 13 acusados en el caso son: Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Mauricio Fermín Redondo Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lizeth Castillo Argueta y Zaida Odilia Pinel.
Berta Cáceres denunció en su momento presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad indígena lenca.
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Entre las irregularidades administrativas se establece que el presidente de la empresa Desa, Roberto David Castillo (también procesado por la muerte de Berta), ejercía un cargo en la empresa desarrolladora y al mismo tiempo en la ENEE, lo que le dio la oportunidad de asistir a las diversas sesiones de la junta directiva de la estatal eléctrica en calidad de invitado.
En las reuniones se discutieron y aprobaron los contratos con su empresa, eminentemente había un conflicto de intereses, indicaron las autoridades.
