El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) informó que el miércoles (20.01.2021) remitió al Ministerio Público (MP) un informe que contiene indicios de responsabilidad penal en compras y almacenamiento de ventiladores, baterías y equipo de asistencia para la tos, ejecutadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19.

El informe número 001-2020-CEAC-GAE-COPECO-A "contiene elementos sólidos para acreditar la existencia de responsabilidad penal, que servirá de soporte al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal pública ante los tribunales", indicó el TSC en un comunicado.

La investigación especial detectó entre otras irregularidades la compra de ventiladores mecánicos modelo Vivo 50 y Vivo 65 a pesar de las alertas emitidas por la FDA de los Estados Unidos, que no son aptos para el manejo de pacientes en cuidados intensivos.

Señaló el informe que "se comprobó negligencia en la compra de ventiladores mecánicos, por estar incompletos", lo que dio como resultado que el Estado erogara recursos adicionales por más de 4.6 millones de lempiras en la adquisición de los accesorios faltantes, explica el informe.

Además, "algunos ventiladores nunca entraron en funcionamiento y otros se encuentran embodegados en los hospitales por no cumplir con las expectativas para el manejo del covid-19".

Compras irregulares

El Tribunal Superior de Cuentas indicó su investigación comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada por la Copeco, con énfasis en la compra de 90 equipos de asistencia para la tos Phillips T70 y 90 baterías, 90 Ventiladores Trilogy Evo portables: incluye tubo, mascarilla y batería; y la adquisición de 40 ventiladores Breas Vivo 65, 90 equipos de asistencia para la tos y 90 baterías.

Todo esto quipos, de acuerdo a la factura que el proveedor entregó a Copeco tuvieron un valor de 2 millones 280 mil 410 dólares (unos 56.3 millones de lempiras al cambio en la fecha en que se realizaron las transferencias).

El TSC indicó que se "incumplieron leyes, reglamentos, disposiciones de control interno y procedimientos administrativos establecidos, identificando, de acuerdo a lo demostrado en este informe, perjuicios a la salud y la economía del país ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el covid-19, afectó para que la misma no fuera atacada de manera adecuada".

Inconsistencias en facturas

En el expediente del pago se encontró que en las facturas soporte de la transacción aparecen a nombre de la empresa “Partners Medical Supplies, Inc, dba: City Stair Lift” y la transferencia de pago fue realizada a la empresa “International Medical Equipment, LLC, con sede de operaciones en la ciudad de New York, Estados Unidos.

Pero, de acuerdo con el TSC, esas facturas "no son originales y presentan algunas inconsistencias, no cuentan con sellos sellos y firmas de la empresa emisora, no se encontró la dirección de página web www.partnersmedicalsupplies.com ni existe el correo electrónico “info@partnersmedicalsupplies.com”, descritas en la factura.

La primera compra, según factura No. 14742, de fecha 9 de marzo de 2020, corresponde a la compra de 90 equipos de asistencia para la tos Phillips T70 y 90 baterías, por un monto de 377,910 dólares.

La segunda factura, con No. 14745, del 12 de marzo de 2020, refiere a la adquisición de 90 ventiladores Trilogy Evo portables, incluyendo tubo, mascarilla y batería, por un valor de 904,590 dólares.

Y la tercera factura, No. 14748, del 16 de marzo 2020, corresponde a la compra de 40 ventiladores Breas Vivo 65, 90 equipos de asistencia para la tos y 90 baterías, por la suma de 997,910 dólares.

Además, "se verificó un faltante en la cantidad de ciento cuatro equipos de asistencia para la tos (Cough Assist T-70 Phillips) y ochenta y cuatro baterías lo que representa un perjuicio de $ 358,696.00", agregó el comunicado del TSC.

Salud no pidió hacer compra

El documento del TSC indicó que para estas compras no hubo solicitud de parte de la Secretaría de Salud, por lo que "se determinó que las atribuciones fueron tomadas indebidamente por el secretario de estado en los despachos de Copeco y la Dirección Administrativa y Financiera de dicha entidad, sin contar con la opinión de la Secretaría de Salud, contraviniendo la Ley del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos (Sinager)".

Dado estas indicaciones del Tribunal Superior de Cuentas, la responsabilidad apunta al extitular de la Copeco Gabriel Rubí, quien renunció a su cargo el 21 de abril de 2020 después que el TSC también encontrara anomalías en la compra de los equipos e insumos para atender la emergencia por covid-19 en Honduras.