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El Ministerio Público inició el martes (27.04.2021) una serie de investigaciones bajo la Operación Omega IV dirigidas por supuestos actos de corrupción en la Alcaldía Municipal del Distrito Central y en una dirección de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Las acciones son emprendidas por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac) de la Secretaría de Gobernación, por un caso relacionado a delitos como negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, fraude y asociación ilícita.
La Fiscalía informó que este caso involucra a 278 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), que en su momento habría mantenido negocios con el Estado, algunas que podrían ser de maletín y creadas solo para recibir fondos públicos.
El portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán, informó que la investigación deriva a partir de los hallazgos encontrados en los casos ya judicializados presentados por la Ufecic, "Arca Abierta" y "Red de Diputados".
{"url":"https:\/\/twitter.com\/HoyMismoTSI\/status\/1387031931708219393","type":"rich","providerNameSlug":"twitter","className":""} -->Arca Abierta implicó a un grupo hondureños, entre ellos 11 diputados y exdiputados que supuestamente malversaron 21.1 millones de lempiras que llegaron de fondos del Estado a la ONG Planeta Verde.
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Mientras, la Red de Diputados, relacionado a que un grupo de legisladores supuestamente se apropiaron de dinero público destinado para proyectos sociales.
Además, la Uferco investiga el la alcaldía de Tegucigalpa un supuesto mal uso de un fideicomiso, vinculado a los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos, lo que podría conllevar a responsabilidad penal contra actuales autoridades edilicias.
Entre otras acciones en el marco de Omega IV, la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos interpondrá requerimiento fiscal contra 16 supuestos responsables de la comisión del delito de contrabando y defraudación fiscal, entre ellos empleados de la administración aduanera.
Según la compleja investigación, dirigida por la Fiscalía Contra los Delitos Tributarios y gracias al ingreso de una denuncia anónima, se logró descubrir como los involucrados defraudaron al fisco nacional por alrededor de veinte millones de lempiras (Lps. 20,000,000.00).
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