Honduras, a pesar de haber registrado un descenso histórico en la tasa de homicidios durante las últimas dos décadas y de los esfuerzos gubernamentales por mejorar la seguridad y la justicia, sigue siendo el país más violento de Centroamérica, según revela un informe presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El informe, titulado "Estado de País 2024: Seguridad y Justicia", muestra que, pese a una reducción del 17 % en la cantidad de homicidios reportada para el año 2023, -según informes de la Secretaría de Seguridad-, Honduras mantiene la tasa de homicidios más alta de la región, alcanzando un índice de 31.3 por cada 100 mil habitantes.

El aumento del 24 % en los asesinatos de mujeres y la preocupante cifra de muertes violentas de personas de la comunidad LGTBIQ+ durante el año pasado son motivo de alarma, destacando la urgente necesidad de abordar estos problemas, indicó la ASJ.

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La ONG cuestionó que el gobierno hondureño ha continuado enfocándose en incrementar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, a pesar de las recomendaciones que sugieren la necesidad de un enfoque más integral en la asignación presupuestaria para abarcar todo el sistema de seguridad y justicia del país.

Desafíos

La ASJ dijo que es preocupante la significativa disparidad en la asignación de fondos entre la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la última década, lo que podría estar contribuyendo a los desafíos persistentes en materia de seguridad y justicia.

Además, la disminución en el número de policías en los últimos dos años plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para cumplir con las metas de seguridad establecidas para el año 2026.

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A pesar de la disminución en la tasa de homicidios, la percepción de inseguridad persiste entre los hondureños, con un aumento en los casos de extorsión y una baja confianza en las instituciones de justicia, destacó la ASJ.

El informe también resalta la preocupante situación del abuso sexual infantil, con tasas que superan el 80 % y una alarmante impunidad, donde solo el 10 % de las denuncias recibidas se resuelven.

Frente a estos desafíos, la ASJ recomienda a las autoridades del país el fortalecimiento de la institucionalidad de los operadores de justicia, establecer estrategias integrales para abordar la extorsión y la impunidad, y garantizar el respeto a los derechos humanos en todas las acciones gubernamentales.

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