François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, instó al gobierno hondureño a cesar la difamación de organizaciones como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y abrirse a las críticas para fomentar una sociedad más transparente y responsable.

Por medio de un comunicado Transparencia Internacional condenó la respuesta del gobierno tras la publicación del informe. Asimismo, reiteró su apoyo a ASJ y calificó como "inaceptable las organizaciones de sociedad civil sufran intimidación".

"Es inaceptable que las organizaciones de la sociedad civil sufran intimidación y represalias por su legitima defensa de los derechos y la transparencia", dice el comunicado.

Esta llamada a la acción resuena como un recordatorio de que la lucha contra la corrupción requiere no solo políticas efectivas sino también un compromiso genuino con los principios democráticos y la transparencia.

La reacción del gobierno hondureño ha sido de franca defensiva, cuestionando la metodología y exigiendo pruebas que sustenten las acusaciones de Transparencia Internacional.

Esta postura refleja una tensión creciente entre el Estado y las organizaciones civiles dedicadas a la lucha contra la corrupción, en un contexto donde el espacio cívico parece reducirse ante la crítica y la disidencia.

Honduras se enfrenta a un desafío crítico: reconocer y abordar las deficiencias en su lucha contra la corrupción. La protección del espacio cívico y el fomento de la participación ciudadana son esenciales para revertir la tendencia y avanzar hacia una democracia más sólida y un estado de derecho más robusto.

A pesar de los esfuerzos declarados por combatir la corrupción, el país se mantiene estancado con una puntuación de 23 sobre 100, situándose como el cuarto país más corrupto de Latinoamérica y el segundo de Centroamérica, solo superado por Nicaragua.

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El IPC se basa en la percepción de expertos y empresarios, utilizando datos de 13 fuentes de organizaciones independientes y reputadas como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

La constante puntuación de Honduras en este índice no solo habla de un problema de corrupción arraigado, sino también de un debilitamiento de las prácticas democráticas y de la independencia judicial, factores esenciales para una sociedad justa y equitativa.

La situación en Honduras es compleja. Los conflictos políticos y sociales se han intensificado, con un notable aumento en los conflictos relacionados con el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana.

La extorsión, las masacres y los conflictos territoriales son solo algunos de los problemas que reflejan una realidad turbulenta, donde la corrupción juega un papel central en la perpetuación de la violencia y la inestabilidad.

Nota realizada con apoyo de IA.

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