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Una vez que han sido convocadas las organizaciones que integran la Junta Nominadora para la postulación de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justica, está abierta una carrera contrarreloj.
Sectores de la sociedad civil temen que las zancadillas y las injerencias se pongan a la orden del día en la designación de los representantes propietarios y suplentes.
Y es que en la víspera, una comisión especial del Congreso Nacional ha puesto en duda el proceso de nombramiento de la comisionada de Derechos Humanos, en lo que algunos círculos han calificado como una intención de impedir que dicha funcionaria sea parte de la Junta Nominadora por su filiación política.
Antes, la controversia se había generado alrededor de la aprobación de la Ley de la Junta Nominadora que deja abierto el camino para que funcionarios y dirigentes políticos puedan autonominarse al máximo tribunal de justicia.
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Los analistas suponen que la oportunidad de conformar un Poder Judicial coherente con los intereses del país dependerá del compromiso de los miembros de la Junta Nominadora.
Los miembros de dicha instancia, enfocarán su tarea de evaluación de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el criterio de idoneidad que representará el 55 por ciento de la calificación total.
Las competencias, capacidad y suficiencia, se encuentran entre los elementos que serán tomados en cuenta de manera especial para calificar a los candidatos.
La ética profesional y la integridad, también serán revisados y completarán las notas que sean otorgadas a los abogados y notarios autopostulados para integrar el Poder Judicial.
Las organizaciones que forman parte de la Junta Nominadora tienen hasta el 31 de agosto para acreditar a sus miembros propietarios y suplentes. En la primera quincena de septiembre se realizará su juramentación.
Para cumplir con sus finalidades, los gastos de la Junta Nominadora serán cubiertos por partes iguales por las siete instituciones y organizaciones integrantes.
La fase preparatoria tendría que desarrollarse entre el 16 de septiembre y el 14 de octubre, mientras que la convocatoria y la recepción de propuestas está programada entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre.
La evaluación de las postulaciones debe ocurrir entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre. Las pruebas de confianza y las investigaciones serán aplicadas del 16 de diciembre al 14 de enero de 2023.
En la línea de tiempo de la Junta Nominadora, la última fecha es el 15 de enero, cuando debe ser remitida a la Cámara Legislativa la lista de 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acompañada de un informe que contenga la evaluación de méritos personales y profesionales, así como las descalificaciones, inhabilidades e incompatibilidades de quienes no fuesen incorporados.
Distintos sectores del país sostienen que la esperanza de conformar una Corte Suprema imparcial e independiente radica en la labor de la Junta Nominadora y en la presión de auditoría que ejerza la sociedad.
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