Con relación al tema, el artículo 23 del proyecto establece la obligación para los operadores y suboperadores de telecomunicaciones de entregar el historial de comunicaciones enviadas intrared y a otras redes en menos de 24 horas, cuando así lo requiera la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público o el Poder Judicial.

En ese sentido, deben proporcionar "registros de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto cursados de terminal a terminal o cursados vía internet, registros de ocupación de direcciones IPs, así como otros tipos de registros de servicios de telecomunicación que a futuro se implementen".

Ante esto, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, subcomisario Edgardo Barahona, explicó que lo establecido en la iniciativa fue consensuado con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y se aplicará solo en casos específicos de investigación de delitos.

"En el caso de secuestros, privación de libertad u otro tipo de agresiones sexuales se solicita un registro a las compañías de telefonía móvil, pero son datos técnicos específicos como ubicaciones de la última llamada, hora, celda o antena que registró la llamada", explicó a noticieros Hoy Mismo, de TSi.

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Barahona enfatizó que ninguna de las solicitudes de información a los operadores de telecomunicaciones implicará el acceso a datos personales o íntimos de las personas.

"Queremos contar con algún mecanismo, contemplado en la Ley de Escuchas Telefónica, para poder acceder a información cuando se presenten secuestros, privación de libertad, abusos sexuales y poder identificar el tipo de contacto que pueden tener depredadores sexuales, sobre todo con menores de edad", agregó el funcionario.

Por otro lado, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, expresó en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5 que consideraba que estas intervenciones deberían estar limitadas al Poder Judicial, pues el permiso para ingresar a redes sociales "violaría los derechos de los hondureños".

Asimismo, anticipó que el tercer y último debate para la aprobación de dicha ley podría integrarse en la próxima semana en la agenda del Congreso Nacional.

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