La Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) contrató a un especialista en investigación para que indague si los más de 100 empleados de la institución han mentido en la información de sus hojas de vida, entre otras pesquisas que realizará.

Dentro de las 13 funciones que se le asignan a esta persona, se encuentra la de “verificar información de hoja de vida de cada funcionario/empleado interno de Invest-H”, dice el contrato 09-CI-TH-2020, de fecha 9 de septiembre de 2020 y de seis meses de duración, divulgado en el Portal de Transparencia de la entidad.

Esta indagación ha generado sorpresa entre algunos servidores públicos de la dependencia porque nunca se les había puesto en tela de duda el contenido de los antecedentes que presentaron para ser empleados, conoció tunota.com.

Este proceso indagatorio se realiza en medio de una crisis por la que atraviesa esa unidad ejecutora por la serie de supuestas compras irregulares de bienes para la atención de la pandemia del covid-19 hechas por el exdirector de la institución, Marco Bográn, quien enfrenta dos juicios penales por esas aparentes anomalías.

Los interventores han contratado diversas personas en dos meses de gestión, aunque no se conoce cuántos trabajadores hay en planilla actualmente porque la información de puestos, sueldos y salarios en el Portal de Transparencia no se actualiza desde marzo de 2020, cuando el gobierno decretó estado de emergencia por la pandemia.

Hasta octubre de 2020, la nómina era de 103 trabajadores, cuyos emolumentos ascendían en total a 8.8 millones de lempiras.

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Otras investigaciones

La especialista en investigación también se encargará de constatar la legalidad de los proyectos que ejecuta Invest-H, pues desarrolla proyectos de infraestructura multimillonarios.

De igual manera, tendrá la misión de “analizar y verificar los requerimientos fiscales” que haya interpuesto el Ministerio Público sobre los procesos de compras en el marco de la pandemia, indica el contrato.

La Junta Interventora de Invest-H, integrada por José Ernesto Leva, Gustavo Boquín y José Alberto Benítez, asumió el cargo el 24 de julio, tras la renuncia de los dos últimos directores ejecutivos.

Marco Bográn dimitió el 27 de junio, pero su puesto fue ocupado por Evelyn Bautista, quien también renunció el 16 de julio.

Escándalos

El Ministerio Público abrió siete líneas de investigación contra Marco Bográn por transacciones ilegales, como la compra supuestamente sobrevalorada de siete hospitales móviles para atención de pacientes con covid-19 por la que se cancelaron, entre marzo y abril pasado, unos 1,200 millones de lempiras a la empresa HospitalesMoviles.com, con sede el Florida, Estados Unidos y propiedad del guatemalteco Axel López.

Estos sanatorios habrían sido sobrevalorados en unos 350 millones de lempiras, de acuerdo a un reporte de la Asociación para una Sociedad más Justa (Asj).

Apenas dos hospitales de 91 camas están por entrar en funcionamiento – el de Tegucigalpa y San Pedro Sula; y otros dos, el de 91 camas para Choluteca y el de 51 camas para Copán, llegaron el 11 de octubre y no se sabe cuándo operarán.

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Bográn enfrenta un juicio por violación de los deberes de los funcionarios por contratar a la empresa Cinsa, propiedad de un tío suyo, para la supervisión de la construcción del plantel del hospital móvil de Copán. La contratación de parientes dentro del cuatro grado de consanguinidad está prohibido por la Ley de Contratación del Estado.

También fue procesado pagar 101 mil lempiras de la institución para que personal de Invest-H se hospedara en un hotel de la capital para aislarse tras hacer una gira de trabajo en la zona norte, pese a que en la Villa Olímpica se había habilitado un inmueble para ello. Por el mismo caso fue acusado el exadministrador de Invest-H, Alex Moraes.

En los dos casos, el exfuncionario se defiende en libertad, al igual que Moraes.

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