Entre los presentes en la reunión se encontraba el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro; y directores y subdirectores de Fiscalías.

Desde la oficina principal de la Fiscalía ubicada en Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, Zelaya publicó en X: "Iniciamos una jornada histórica, en la cual vamos a devolver la esperanza al pueblo. Hoy, el MP tiene el compromiso de llevar a cabo una verdadera persecución penal. Invito al pueblo a hacer uso de esta institución, ya que nunca se ejercerá la persecución penal con sesgos".

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Acompañando a Zelaya en su fórmula está el fiscal general adjunto interino, Mario Morazán, quien desde tempranas horas del día se presentó en el edificio anexo del Ministerio Público en Comayagüela para también tomar posesión de su cargo.

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Los fiscales interinos fueron juramentados el 1 de noviembre por el voto unánime de los nueve miembros propietarios de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Esta comisión, que opera durante los recesos de las sesiones ordinarias, fue instalada el 31 de octubre, último día del periodo legislativo de 2023, el cual no fue extendido por la Junta Directiva de este poder del Estado.

La elección interina de funcionarios por parte del Congreso Nacional, en lugar de la mayoría calificada del pleno de diputados (86 votos de 128 congresistas), está establecida en el numeral 11 del artículo 208 de la Constitución de la República, en caso de una "falta absoluta" del cargo.

Antes del nombramiento de Zelaya y Morazán, las funciones del fiscal general fueron asumidas por el fiscal adjunto, Daniel Sibrian, tras la retirada del puesto de Óscar Chinchilla una vez que concluyó su periodo de cinco años (2023-2028) el pasado 31 de agosto.

Sibrian permaneció al frente de la Fiscalía respaldado por el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que los funcionarios elegidos por el Congreso Nacional deben permanecer en sus cargos hasta que el Pleno elija a su sustituto.

Debido a esto, la oposición no reconoce los interinatos, ya que considera que en la titularidad del Ministerio Público no existía una falta absoluta.

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