Un comunicado del Ministerio Público indica que "el juez desestimó el caso y ordenó aplicar el principio de prejudicialidad administrativa" y enviar el expediente documentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) al TSC "pese a que este órgano no tiene competencias para elaborar una auditoría forense"

"La resolución del juez se hizo sin audiencia previa, violentando los principios que rige el sistema acusatorio, ya que no se había librado el requerimiento fiscal", alegó el Ministerio Público.

El caso de supuesta corrupción y lavado de activos involucra a políticos y altos funcionarios de la Administración del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), del Partido Nacional, indica el documento.

Los fondos, de acuerdo a la investigación, fueron destinados a financiar campañas políticas en 2013, es decir, para las elecciones en las que ganó su primer mandato el nacionalista Juan Orlando Hernández (2014-2018).

TSC no tiene competencia

De acuerdo a lo informado, el juez basó su resolución en el decreto 116-2019, conocido como Fondo Departamental, una normativa que ha blindado a diputados y exdiputados investigados por malversación de fondos públicos, en confabulación con oenegés fantasmas, y que se ha pedido al Congreso Nacional su derogación.

El mismo ordena que el TSC debe conocer de casos de malversación de fondos públicos previo a que el Ministerio Público presente un requerimiento.

El decreto, considerado como uno de los pactos de impunidad que ha aprobado el Congreso, fue invocado por el apoderado legal de uno de los investigados, de los que no se detalló sus nombres, para que se declarara la aplicación del principio de prejudicialidad administrativa.

El Ministerio Público también alega el TSC es un "órgano meramente administrativo cuya atribución es informar a la Fiscalía sobre hallazgos donde pudieran existir algún tipo de responsabilidad penal, situación que no aplica a este caso, ya que no cuenta con las competencias para elaborar una auditoría forense".

Asimismo, detallan que la Fiscalía ya realizó una auditoría forense donde se encontró el desvío de más de 30 millones de lempiras drenados de la Insep y el Fondo Vial en el 2013.

La Fiscalía indicó que la Uferco hará uso de los recursos correspondientes, además de enviar una "alera de preocupación" por estas actuaciones judiciales, "mismas que abren una brecha de impunidad al no permitir presentar el caso ante los órganos competentes", según el comunicado.

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