Un comunicado del Ministerio Público indica que "el juez desestimó el caso y ordenó aplicar el principio de prejudicialidad administrativa" y enviar el expediente documentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) al TSC "pese a que este órgano no tiene competencias para elaborar una auditoría forense"
"La resolución del juez se hizo sin audiencia previa, violentando los principios que rige el sistema acusatorio, ya que no se había librado el requerimiento fiscal", alegó el Ministerio Público.
El caso de supuesta corrupción y lavado de activos involucra a políticos y altos funcionarios de la Administración del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), del Partido Nacional, indica el documento.
Los fondos, de acuerdo a la investigación, fueron destinados a financiar campañas políticas en 2013, es decir, para las elecciones en las que ganó su primer mandato el nacionalista Juan Orlando Hernández (2014-2018).