Entre los acusados por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), del Ministerio Público, se encuentran el exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano (hermano del narcotraficante Alexander Ardón Soriano); el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete, y su exasistente, Iris María Sarmiento Ferreira.

Adicionalmente, figuran en la lista de acusados el gerente propietario de Inrimar, Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como 'el Cachiro', quien actualmente cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos; su representante legal, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, y su hermana, Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (Ardicqco).

Según declaró a tunota.com Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, un juez de letras de lo penal en materia de corrupción emitió órdenes de captura contra estas seis personas este jueves.

"Una vez que las órdenes sean ejecutadas, deberán ser puestas ante el Juzgado de Letras en materia de corrupción para que se realice la audiencia de declaración de imputado", expresó.

Las fuerzas de seguridad del Estado ya tienen en su posesión estas órdenes de captura y se espera que inicien los procedimientos correspondientes para su ejecución, añadió el vocero del Poder Judicial.

Narcopolítica

Este caso marca la segunda fase de las investigaciones relacionadas con la denominada Narcopolítica, caso de corrupción presentado el Ministerio Público que involucra a exfuncionarios y excapos de la droga.

La primera fase, presentada en mayo de 2019, implicó a 12 personas, incluyendo funcionarios de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi)-hoy Insep-, quienes fueron señalados de participar en un esquema que facilitó el lavado de dinero procedente del tráfico internacional de drogas a través de contratos estatales, muchos de los cuales no se ejecutaron.

El caso "Narcopolítica" se centra en las acusaciones de otorgar contratos a la empresa Inrimar sin cumplir los requisitos necesarios para contratar con el Estado, según las líneas investigativas de la Fiscalía hondureña.

Estos contratos, aparentemente destinados a obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro, sumaron inicialmente más de 68 millones de lempiras. Además, en esta segunda entrega, se han registrado otros 10 contratos por más de 47 millones de lempiras.

La Fiscalía sostiene que el propósito de asignar estos contratos era brindar prestigio y legitimidad a la empresa Inrimar con el fin de facilitar el lavado de dinero derivado del narcotráfico a través de instituciones gubernamentales.

VEA: Narcopolítica II: Uferco vincula a exfuncionarios con cárteles de droga