Hernández y Pineda justificaron su solicitud en que Bonilla "tiene la intención de argumentar en el juicio que estaba investigando a narcotraficantes en Honduras, incluidos sus coacusados, y que tiene la intención de intentar ofrecer pruebas en el juicio que supuestamente inculparían a Pineda y Hernández".

No obstante, la Fiscalía aseguró que el expresidente y el exoficial no lograron demostrar que un juicio conjunto resultaría en algún perjuicio para ellos. Tampoco en una afectación que constituya sus condenas como un error judicial.

"Incluso si un jurado aceptara la teoría de la defensa de Bonilla, no estaría obligado a condenar a Pineda y Hernández por los delitos acusados en este caso. Por lo tanto, el Tribunal debería desestimar sus solicitudes de indemnización complementaria", dice la carta del Gobierno de Estados Unidos.

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Justificación de la Fiscalía

El 3 de febrero y el 21 de febrero de 2023, Hernández y Bonilla presentaron mociones iniciales para suspender sus juicios, alegando que podrían surgir conflictos de defensa irreconciliables.

Bonilla afirmó que había investigado a Hernández después de convertirse en Jefe de la Policía Nacional en 2012, sin identificar pruebas admisibles para respaldar esta afirmación. Por otro lado, Hernández argumentó que la evidencia sobre sus coacusados, supuestamente involucrados en una conspiración separada, perjudicaría su caso. El Tribunal desestimó estas mociones el 18 de enero de 2024, argumentando que la indemnización no era apropiada debido a la conexión entre los acusados y la superposición de testigos cooperantes.

El 22 de enero de 2024, Mauricio Hernández Pineda presentó una solicitud complementaria para separar su juicio del de Bonilla. Pineda alega que la defensa de Bonilla, que incluirá pruebas de su presunta afiliación con narcotraficantes y la investigación de Pineda por parte de Bonilla, es mutuamente antagónica a la suya.

El 26 de enero de 2024, la defensa de Juan Orlando Hernández hizo la solicitud basada en que tiene la intención de testificar contra Hernández y Pineda, presentando documentos supuestamente incriminatorios. La defensa argumenta que Bonilla no busca simplemente una "defensa antagónica" sino que pretende asumir un papel similar al de un segundo fiscal del juicio, testimoniando que sus coacusados son criminales y mentirosos, e intentando presentar pruebas perjudiciales adicionales.

La Fiscalía se opone a esta solicitud, destacando que Pineda y Hernández no han logrado demostrar que la acumulación de juicios resultaría en un perjuicio sustancial.

La Fiscalía invoca la Regla 8(b) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, que permite la acumulación de acusados cuando participan en el mismo acto o transacción constitutivo de delito. Se destaca la preferencia por juicios conjuntos, ya que promueven la eficiencia y evitan veredictos inconsistentes.

En este contexto, se resalta que las defensas mutuamente antagonistas deben demostrar un perjuicio tan severo que constituiría un error judicial. La Fiscalía argumenta que los testimonios anticipados de Bonilla no son irreconciliables con las posibles defensas de Pineda y Hernández, y que la carga para justificar la separación del juicio es elevada.

La Fiscalía sostiene que las solicitudes de indemnización de Pineda y Hernández deben ser desestimadas, ya que no han demostrado un perjuicio sustancial que justifique la separación de los juicios. La decisión final recae en el juez Kevin Castel.

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Cargos contra los hondureños

Juan Orlando Hernández:

  • Acusaciones graves de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico desde 2004 hasta 2022.
  • Utilización de su posición como presidente de Honduras para apoyar a organizaciones de narcotráfico, facilitando la importación de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.
  • Protección a narcotraficantes importantes, incluyendo a su hermano Tony Hernández.
  • Se le acusa de aceptar un soborno de aproximadamente 1 millón de dólares del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".
  • Asociación con el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez.
  • Uso indebido de recursos militares y policiales de Honduras para proteger cargamentos de droga.
  • Enriquecimiento personal y financiamiento de campañas políticas mediante ganancias del narcotráfico.

Juan Carlos Bonilla:

  • Acusado de jugar un papel clave en una conspiración internacional de tráfico de drogas entre 2003 y 2020.
  • Abuso de su cargo como exdirector de la Policía Nacional de Honduras para facilitar el tráfico de cocaína a Estados Unidos.
  • Participación en el transbordo de cargas de cocaína y supervisión del tráfico.
  • Implicación en el asesinato de un traficante rival.
  • Suministro de información confidencial de las fuerzas del orden para facilitar los envíos de cocaína.
  • Cargos de conspiración para importar cocaína y uso de armas de fuego en relación con el tráfico de drogas.

Mauricio Hernández:

  • Acusado de tres delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos.
  • Exmiembro de alto rango de la Policía Nacional de Honduras.
  • Provisión de seguridad armada para envíos de cocaína, incluyendo individuos con ametralladoras.
  • Proporcionó información confidencial para facilitar el transporte de cocaína a través de Honduras.
  • Recibió ganancias del narcotráfico.
  • Implicado en una conspiración más amplia de narcotráfico junto con otras figuras de alto perfil de Honduras.

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