Las juntas interventoras designadas en instituciones señaladas por actos de corrupción durante este gobierno y administraciones anteriores en Honduras "no han servido para nada", ya que, solo culminan en informes y no en acciones que imputen responsabilidades, según cuestiona el analista hondureño Edmundo Orellana.

Orellana, también exsecretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sostiene que corresponde al Ministerio Público (MP) llevar a cabo investigaciones directas en las instituciones públicas donde se sospecha que se producen situaciones al margen de la ley.

"Hay que decirle al Ministerio Público que haga su trabajo, me imagino que es mucho, pero para eso están nombradas las autoridades", comentó Orellana en el noticiero Diario Matutino de radio HRN.

Además, el analista señala que las juntas interventoras "lo único que han creado es inestabilidad porque ninguna ha funcionado" o ha arrojado resultados tangibles.

En los últimos 16 años, Honduras ha tenido 35 comisiones interventoras, siendo siete de ellas durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, la más reciente nombrada en el Instituto de la Propiedad (IP) por el presunto desvío de 18 mil millones de lempiras destinados a la transformación digital de esa entidad estatal.

"No confío en esas juntas interventoras. Lo que debería hacer la presidenta Xiomara Castro es instar al Ministerio Público a que se involucre directamente porque si eso es cierto, es gravísimo", expresó Orellana refiriéndose a la intervención del IP.

Los comisionados encargados de la intervención del IP son Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, presidente de la comisión, junto con Jennifer Carolina Flores y Francisco Funes Luna, comisionados adjuntos.

Otras instituciones intervenidas durante el gobierno de Castro incluyen la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), el Sistema Nacional de Emergencias 911 y la Dirección General de Servicio Civil.

Desacuerdos

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, por su parte, expresó su desacuerdo con las intervenciones, argumentando que no combaten la corrupción.

Solórzano señaló que las comisiones interventoras surgieron con una reforma al artículo 99 de la Ley General de la Administración Pública mediante el decreto 266-2013 para abordar instituciones que no están funcionando por diversas razones, principalmente por presuntos actos de corrupción.

La ley establece que las comisiones deben administrar la entidad intervenida y realizar una evaluación de la misma con la asesoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Mientras tanto, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, indicó recientemente que las juntas interventoras se han convertido en una herramienta para ocultar ineficiencias que hay en la administración pública.