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"Según el reporte de los técnicos que trabajan en la zona, algunos han sido sometidos a amenazas constantes por las acciones que hacen para perseguir el delito ambiental. En ciertas áreas, es necesario solicitar permisos para circular, ya que están bajo el control del crimen organizado", señaló Solis.
Dijo que en los pasos se encuentran trancas, portones que impiden el acceso, evidenciando un control territorial por parte de estas organizaciones criminales.
"La problemática ha obstaculizado los esfuerzos para conservar y proteger nuestros recursos forestales de nuestros bosques", lamenta el director del ICF.
Hacen un llamado a las autoridades
Solís hizo un llamado enérgico a la Fiscalía del Ambiente y la Corte Suprema de Justicia para que ordenen la destrucción de la 'narco carretera.
"La 'narcocarretera' existe desde el 2017, y es responsabilidad de la Fiscalía del Ambiente y la Corte Suprema ordenar su destrucción. Según reuniones con consejos territoriales e indígenas, se reconoce la necesidad de una carretera, pero debe ser construida por el gobierno, no una narcocarretera", señaló.
En 2022, el ministro del Ambiente, Lucky Medina, anunció la inminente erradicación de un proyecto ambiental, pero el asesor presidencial, Manuel Zelaya, frenó el proceso, alegando un acuerdo con pobladores.
El proyecto señalado por ciertos sectores como "narcocarretera" se construyó a 28 kilómetros entre Wampusirpi y una de sus aldeas, llamada Krausirpi, para conectarse con el departamento de Olancho,