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El director de gobernanza y transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, reveló este jueves que fue víctima de amenazas por denunciar irregularidades en la compran de los hospitales móviles que realizó Inversión Estratégica Honduras (Invest-H).
Según Ramírez, al momento de realizar dicha investigación varias personas le quisieron increpar e incluso le dijeron que se tendría que enfrentar con abogados.
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“A mí me han amenazado con lo de los hospitales móviles, me dijeron que me iban a poner abogados para demandarme, de alguna manera hemos recibido presiones”, declaró.
En este contexto, Ramírez quiso mantener el nombre de quienes le amenazaron aún en el incógnito pues aún se encuentra en riesgo.
“No voy a decir nombres por riesgo a mi persona, porque esta persona se encuentra en Honduras aún tiene poder, pero sí le puedo decir que es una persona cercana al partido Nacional”, señaló.
Y agregó, “esta persona fue un funcionario y me dijo que no podía hablar sobre el dinero de los hospitales móviles, porque iba a entrar a una situación de calumnia y difamación, yo no dije qué partido había cometido este acto entonces se sintieron aludidos”.
Finalmente, Ramírez destacó que debido a su trabajo es común que reciban constantes amenazas por denunciar actos de corrupción.
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“Es parte de nuestro trabajo, al tomar un trabajo de estos aunque no tengo seguridad privada, pero si queremos hacer un aporte al país nos vamos a topar con estructuras de poder y las amenazas a veces se dicen de forma sutil y otras de forma fuerte”, mencionó.
Caso de los hospitales móviles
El exdirector de Invest-H, Marco Bográn y Alex Moraes, exadministrador de la entidad, son acusados por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios por la compra de siete hospitales móviles que serían utilizados para enfrentar la pandemia del covid-19 en el país.
El costo de los siete hospitales móviles habría sido sobrevalorado en 47 millones 512 mil 564 dólares, unos 1,174 millones 517 mil 764 lempiras.
De acuerdo con el Ministerio Público, dicha compra se realizó sin garantías de calidad y cumplimiento.
Posteriormente, informes de este organismo confirmaron que el equipo médico comprado no solo estaba sobrevalorado, sino que tampoco cumplían con la función de albergar pacientes de covid-19.
Esto debido a que tenían problemas de diseño y equipamiento, porque su equipo estaba en mal estado o era disfuncional.
