La Sala de lo Penal del Supremo indicó en un comunicado que ha instruido a los jueces de paz con competencia en materia penal para que procedan de "forma inmediata" a realizar las coordinaciones pertinentes con las secretarías de Seguridad y Salud para efectuar el levantamiento e identificación de cadáveres mientras continúe el paro de funcionarios del Ministerio Público.

Según el artículo 59 del Código Procesal Penal de Honduras, citado por la Corte Suprema, una de las competencias exclusivas de los jueces de paz es "efectuar el levantamiento e identificación de cadáveres en ausencia del fiscal".

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El Poder Judicial, a través de "la presencia y facultades de los jueces de paz, hará las coordinaciones y acciones necesarias con las demás instituciones del Estado vinculadas para que estos servicios esenciales se continúen prestando de la mejor manera", añade el comunicado.

La instrucción busca también que "situaciones de emergencia que implican levantamientos cadavéricos, como las que ya se están presentando a nivel nacional, no evolucionen a convertirse en una emergencia mayor que signifique poner en riesgo el proceso penal establecido y mucho menos la salud de las personas".

Fiscales y médicos forenses anunciaron el lunes que por "tiempo indefinido, no se estarán realizando levantamientos de cadáveres, pericias, ni autopsias".

Último levantamiento, dice MP

Sin embargo, forenses y fiscales realizaron este martes el levantamiento del cadáver de un hombre que falleció por causas no esclarecidas, más de 24 horas después de ser localizado en el río Choluteca, que nace en las cercanías de Tegucigalpa, en el centro de Honduras.

"Este levantamiento se hace con el único objetivo de dejar claro a nivel nacional que el Ministerio Público no es cualquier institución, sino toral para mantener el orden social en el país", subrayan los manifestantes.

Advirtieron que el cuerpo de este hombre, en avanzado estado de descomposición, será el último cadáver que levantarán mientras las autoridades no les den una respuesta favorable a su petición de un aumento salarial.

"Si no nos resuelven van a ver cualquier cantidad de muertos en las calles por falta de voluntad política y no resolvernos nuestras exigencias", enfatizan.

Más de 3,500 empleados del Ministerio Público, entre médicos forenses, fiscales y agentes de investigación, exigen al Gobierno un aumento salarial del 15%.

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