Según indicó una fuente oficial, estas acciones responden a órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, tras requerimientos fiscales presentados por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).

El caso se centra en una supuesta red de corrupción público-privada en el Infop entre 2010 y 2013, durante la dirección de David Chávez.

Las órdenes de captura, ejecutadas por la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Preventiva y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco) incluyen al prófugo Chávez, al exmagistrado de la Sala de lo Penal, Rodríguez, y a al menos siete personas más, según conoció tunota.com a través de una fuente ligada al caso.

El exdiputado del Partido Nacional y actual presidente de ese instituto político, David Chávez, enfrenta acusaciones de fraude y violación de deberes de los funcionarios.

La primera orden de captura contra él se emitió la madrugada de este martes mientras se preparaba para abordar un avión con destino a Fort Lauderdale, Florida, resultando en su huida del aeropuerto internacional Palmerola de Comayagua, Comayagua. Actualmente su paradero es desconocido.

Además, figuran en la lista José Olivio Rodríguez Vásquez, quien, antes de ser magistrado del Supremo, fue jefe de la Unidad de Asesoría Legal y secretario general del Infop; Ángel Armando Aguiriano, exjefe del Departamento Administrativo y Financiero, José Antonio Elvir Vásquez, exjefe del Departamento de Acciones Formativas, y Otilia María Pinto Amador, coordinadora de la Unidad de Sistemas y Procedimientos.

Asimismo, Óscar Antonio Castro Nazar, representante legal de Grupo Visión, y Mario Alejandro Calderón Maldonado, abogado y notario que recientemente aspiró a convertirse también en magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero cuya postulación desvirtuó la Junta Nominadora, y Manuel Castillo Rodríguez, consultor independiente.

Según información a la que accedió este medio digital, el requerimiento de la Fetccop se basa en la denuncia DMCP-001-2016 del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), acusando a Chávez de autorizar compras irregulares o sobrevaloradas.

El contrato en cuestión, relacionado con software y adiestramiento automotriz en Catacamas, Olancho, habría sido sobrevalorado y desviado en cerca de L21,000,000.00, involucrando presuntos delitos como fraude, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.