La posición de Orellana es compartida por el analista político Olban Valladares, quien aseguró que de pasar lo que recomiendo el exfuncionario, dejaría sin mayoría calificada -86 votos- al Parlamento hondureño.

"Si esa persona va a ser afín al diputado votante, el principio de la moral es me voy a abstener y el problema es que nos quedaríamos sin ajustar los 86 votos, ese es el gran problema", indicó Valladares.

De igual manera se pronunció la profesional del derecho, Ana Pineda, al señalar que la Ley Orgánica del Congreso Nacional en su artículo 50 establece un catálogo de prohibiciones.

"Entre estas, se encuentra el que las y los diputados tienen prohibido participar en los debates del pleno o en las comisiones a las que pertenezcan cuando tuvieren un interés directo para sí o para sus familiares", detalló Pineda.

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Ambos profesionales coinciden que en el CN debe privar el diálogo en busca de consensos para la elección de los sustitutos de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián.

"Que se aplique la ley de manera recta, tal y como lo manda la Constitución de la República", indicó Valladares. A lo que agregó Pineda que "cualquier otra acción fuera de lo que establece la Carta Magna va a redundar en el debilitamiento del Estado de derecho".

Bajo la lupa

El proceso de elección del nuevo fiscal general y adjunto del Ministerio Público está bajo la lupa de varios sectores del país y de organismos internacionales.

Para el caso, la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras, Isabel Albaladejo, sostiene que en el CN debe primar la meritocracia y no el interés político.

"En estos momentos el proceso debería de estar guiado por criterios objetivos, no criterios políticos partidarios. Entendemos que esta elección no deja de tener el tinte político, pero que los criterios que prevalezcan sean la idoneidad, competencia e integridad", dijo Albaladejo.

Finalmente, la representante de la Oacnudh apunta que la votación debe ser de manera pública, nominal y razonada. De igual manera comparte que los diputados con proceso penales se deben de abstener de participar en la elección.

No hay consensos

El martes 29 de agosto, los diputados del Congreso Nacional realizaron un primer esfuerzo para designar al fiscal general y al fiscal general adjunto del Ministerio Público.

En dicho proceso, se presentaron dos mociones nominativas; no obstante, ninguna de ellas logró obtener los 86 votos necesarios para ser considerada y llevada a votación.

En ese contexto, el congresista del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, propuso a Johel Zelaya para el cargo de fiscal general y a Marcio Cabañas para el cargo de fiscal general adjunto. Sin embargo, esta propuesta solo recibió el respaldo de 52 diputados.

Por su parte, Jhosy Toscano, del Partido Salvador de Honduras (PSH), propuso a Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como fiscal general adjunta. A pesar de los esfuerzos, esta propuesta únicamente obtuvo el apoyo de 70 votos provenientes de la oposición.

La próxima sesión legislativa fue convocada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para este jueves a las 11:00 a.m.

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