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El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, aseguró este martes que el controversial Fondo Departamental será derogado, por lo que no se incluirá en el Presupuesto General de la República 2023, que será aprobado en diciembre de 2022.
El titular del Legislativo reveló que la agenda del Congreso es hecha por su persona y que no existe ninguna posibilidad de que se cree un nuevo modelo de Fondo Departamental o Fondo Social como se ha especulado.
"Hay voluntad para derogar el Decreto 116-2019 donde está creado a través de una ley el Fondo Departamental. Los rumores surgen porque se viene la elección de la Corte Suprema de Justicia y ustedes van a escuchar cualquier cantidad de cosas que no son ciertas", mencionó Redondo.
Las declaraciones de Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), surgieron a raíz de que hace unos días trascendiera que desde el Legislativo se busca disfrazar con otro nombre el cuestionado Fondo Departamental.
Pero, según Redondo, este rumor nace para desestabilizar el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (2023-2030), para lo cual se requiere mayoría calificada (86) votos, algo que ninguna bancada tiene.
La utilización del Fondo Departamental ha sido cuestionada pues es dinero que se entrega a cada uno de los 128 diputados que conforman la Cámara Legislativa para ejecutar obras y proyectos sociales en sus comunidades, y que en muchas ocasiones terminó para uso personal o desviándolos a través de organizaciones no gubernamentales (ONG).
El Congreso Nacional destinó para el año fiscal 2022 un total de 200 millones de lempiras al Fondo Departamental para que los parlamentarios ejecutaran obras y proyectos sociales
Corrupción en el Fondo Departamental
Los fondos se consignan en la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Redición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales aprobada por el Congreso en octubre de 2019, durante la gestión de Mauricio Oliva, del Partido Nacional.
Fueron creados, originalmente, en 2006 durante la administración del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y se contempló en el Presupuesto General de la República.
Lo anterior implica que mientras la normativa no sea derogada, los parlamentarios podrán solicitar recursos que, según los antecedentes, son fuentes de corrupción.
"Red de diputados" fue el primer caso de corrupción que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) en el que señaló a cinco congresistas por haber desviado recursos del Fondo Departamental a cuentas personales y de familiares.
El pasado 1 de septiembre, un juez de letras dictó sobreseimiento definitivo a favor del diputado del Partido Nacional, Alberto Chedrani Castañeda, y del exdiputado José Vicente León.
Asimismo, se dictó sobreseimiento provisional para los exdiputados: Oswaldo Ramos Ramos, Ricardo Antonio Díaz y Rodimiro Mejía Merino.
Los parlamentarios son acusados de fraude y lavado de activos por crear ONG con las que, supuestamente, desviaron al menos 18 millones 950 mil lempiras entre los años 2013-2017.
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