Mario Pérez, diputado del Partido Nacional y abogado confirmó que integra el equipo de defensa del exmandatario Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).

Lobo Sosa está acusado por la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco), en el denominado Caso Pandora II,

Pérez aclaró que él participará como asesor y no como abogado defensor en el proceso penal.

"Como asesor estamos analizando la posibilidad de participar en las audiencias legales”, dijo Mario Pérez.

El equipo de defensa aseguró que está esperando que se realice el nombramiento del juez natural y de los miembros de la Corte de Apelaciones que conocerán el requerimiento fiscal y se cite a las partes procesales a las audiencias.

Sin impedimentos legales

"No hay ningún impedimento legal, soy abogado y notario en el pleno ejercicio de mis derechos y puedo ser abogado a quien solicite mis servicios", refirió Pérez ante la posibliidad de obstáculos por su condición como diputado.

Aseguró que ser asesor de Lobo Sosa, no lo hace por dinero sino como una contribución a un gran amigo.

"Al expresidente le tengo agradecimiento y es mi deseo de formar parte del equipo de defensa", aseveró.

La acusación

Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández fueron acusados por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de fraude, el último también fue imputado por lavado de activos por L.62 millones.

Dentro de la acusación también está Wilfredo Cerrato (exministro de Finanzas), Jorge Johny Handal Hawit (exgerente de Banadesa).

También Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina (exgerentes administrativos de la Secretaría de Finanzas).

Aparece en el proceso Roberto Alonso Zúniga Barahona (exdirector de presupuestos de Finanzas) y David Eduardo Ortiz Hawit (exgerente financiero de Banadesa).

Todos acusados por la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

La Uferco señala que los altos exfuncionarios conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras.

Esos fondos se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de BANADESA.

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