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La nueva masacre que cobró la vida de cuatro personas, incluyendo la de Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, deja entrever que en Honduras no hay una ruta clara de cómo atender la justicia y seguridad, según analistas.
"Nos agarra como balde de agua fría este hecho y no porque estos cuatro jóvenes deben sobresalir de todos los que mueren a diario en Honduras, sino porque cada vez más la violencia se ha ido acercando a círculos aislados de la violencia", manifestó el abogado Luis León.
El también director del Instituto Holandés para la Democracia consideró que la capacidad del Estado para prevenir los crímenes y dar con los culpables es casi nula.
"Solo el actual presupuesto son L 8 mil millones para la Policía, L 9 mil millones para militares, que no generan el rédito a la sociedad en términos de seguridad", acotó.
Violencia se relaciona a politización de seguridad
El consultor internacional de gobernabilidad y transparencia, Omar García, expuso que el tema de seguridad se ve politizado en el país cuando la oposición lo toma para atacar al Gobierno, al igual que cuando este no pone cartas en el asunto.
"Lo van a pagar caro los políticos (…) yo no debo abordar el tema porque estoy en contra del Gobierno, o debo cerrar los ojos para no hablar de seguridad porque estoy en el Gobierno", externó.
Por su parte, el analista político, Josué Murillo, considera que sucesos como la masacre de este día es un legado de malas administraciones que han degradado la seguridad para que grupos de su interés operen libremente.
"Hay dolor, hay miseria, hay necesidad de justicia (...) el tema de seguridad no debe verse alejado de la justicia, la justicia de Honduras debe ser rescatada para que este tipo de acciones no se sigan viendo", indicó.
Finalmente, instó a los políticos hondureños a crear las reformas, acompañadas con mesas de expertos, para garantizar la seguridad y justicia en la nación.
Masacre
Alrededor de las 2:00 a.m. de este jueves 14 de julio cuatro personas fueron asesinadas cuando salían de una discoteca ubicada en un edificio comercial del bulevar Morazán, en Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Los ahora occisos fueron identificados como Said Lobo (hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa), Luis Zelaya (sobrino del exgeneral Romeo Vásquez), Norlan Rodríguez (conductor de Said) y Salomón Vásquez (sobrino diputado Walter Chávez).
Los jóvenes estaban saliendo del recinto a bordo de dos vehículos cuando fueron interceptado por sujetos disfrazados con indumentaria de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandilla (FNAMP).
Aparentando que se trataba de un operativo, los malhechores hicieron bajar de los automotores a las víctimas para ejecutarlos con armas de fuego.
Las cifras manejadas por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh) establecen que en lo que va de 2022 ya se registran 30 masacres que han dejado 111 personas muertas.
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