En comunicación con Tunota.com, Chajtur señaló que Vivian Juárez, vinculada con el desfalco de unos 1,173.38 millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), está entre las 41 víctimas de la reyerta e incendio en Támara, a unos 32 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras.

"Sí puedo decir que Vivian Juárez, una persona que había sido procesada por el tema del Seguro Social, sí se encuentra entre las fallecidas", comentó el abogado.

Juárez era la tesorera del IHSS durante la gestión de Mario Zelaya (2010-2013) y fue acusada de haber firmado una serie de cheques a favor de empresas de maletín y otros que recibió de esas mismas compañías que estafaron a la entidad.

La extesorera del IHSS, Vivian Melissa Juárez Fiallos.

Chajtur también confirmó la muerte de Norma Zanabria, quien fue procesada por el delito de lavado de activos y vinculada al cartel de los Valle Valle.

"Igualmente, Norma Zanabria, quien fue procesada por el delito de lavado de activos vinculada a los Valle Valle, también se encuentra en la lista de las fallecidas", aseguró.

Norma Jackeline Sanabria España operaba como testaferro de los Valle Valle.

Los Valle Valle fueron uno de los grupos criminales más importantes de Honduras, liderado entonces por Luis Alonso y su hermano mayor Miguel Arnulfo, quienes lograron construir uno de los grupos de traficantes de drogas más influyentes en la región centroamericana.

Miguel Arnulfo y Luis Alfonso fueron capturados en octubre de 2014 y fueron extraditados a Estados Unidos en diciembre de ese año.

¿Cómo se originó la masacre?

De acuerdo a Carlos Chajtur, todo inició con un fuego provocado a la panadería del Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde trabajaban algunas de las privadas de libertad.

"Lo que me han dicho es que esto fue provocado por uno de los grupos criminales organizados dentro del centro femenino. Hay personas, como las que yo mencioné, que no pertenecían a ninguna de las organizaciones criminales, que han resultado muertas", mencionó Chajtur.

El abogado penalista pidió que, si las actuales autoridades no son capaces de la gobernabilidad en los centros penales, renuncien o busquen gente capaz fuera del país para que asesoren a las autoridades penitenciarias.

"Las autoridades penitenciarias y el Estado mismo, está para garantizar la vida de cada privado de libertad. Si no son capaces de eso, renuncien. Yo en su momento dije que la doctora Julissa Villanueva (viceministra de Seguridad) era una gran profesional en el campo de las ciencias médicas, pero no de la ciencia penitenciaria", apuntó.

Chajtur indicó que en los centros penales hay muchas situaciones que deben ser resueltas por personas con conocimiento y experiencia.

"Si usted no las encuentra en el país, búsquenlas afuera y que asesoren a las autoridades penitenciarias, pero no se puede seguir inventando ni improvisando. Esa es una responsabilidad grandísima", señaló.

Interventoras sin respuestas

El profesional del derecho manifestó que el nombramiento de interventoras en Honduras nunca han dado resultados concretos, ni en este ni en gobiernos anteriores, por lo que apuntó que son necesarias otras acciones para recuperar la gobernabilidad de los centros penales.

"Las comisiones interventoras nunca han dado respuesta en ningún tema. En ningún gobierno han dado respuesta y mucho menos la van a dar si esas comisiones interventoras no están conformadas por gente con conocimiento en el tema", dijo.

"Se necesita valor, determinación y decisión de realmente amarrarse los pantalones en este tema y darle toda la protección y la seguridad que sea necesaria a quien se ponga al frente de esta reforma de lo que es la realidad del sistema penitenciario", concluyó.

Las autoridades hondureñas anunciaron el pasado 18 de abril un conjunto de medidas para poner orden en las cárceles del país que implican el bloqueo de llamadas de celulares, un desarme real de los presos y la clasificación de los reos por peligrosidad.

Desde abril, una decena de tiroteos o enfrentamientos se han registrado en las cárceles de Honduras, donde impera la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos.

Además, las condiciones de higiene y salubridad son deplorables.

Tragedia en Támara

Al menos 41 personas fallecieron y otras siete resultaron heridas en una reyerta y un incendio registrados este martes en PNFAS, por lo que las autoridades de seguridad ordenaron su intervención inmediata.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que unas 41 reclusas habían fallecido por el momento, la mayoría están calcinadas; pero la cifra final se conocerá hasta que concluya el levantamiento de los cadáveres, dijo.

Por su parte, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, ordenó una "intervención inmediata" en la cárcel tras declarar una emergencia por la riña y aseguró que las autoridades "no vamos a tolerar actos vandálicos ni tampoco irregularidades".

Villanueva dijo que la reyerta es "producto de las acciones del crimen organizado" en respuesta a la intervención anunciada por las autoridades en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara (occidente) y en La Ceiba, Atlántida (Caribe).

Vea además: Cronología de los hechos en PNFAS: disparos, fuego, heridas y autorización de intervención