Durante el mismo lapso en 2022, solo 120,598 individuos habían atravesado el país de manera irregular, lo que significa un aumento del 292.92 %. Este incremento es aún mayor si se compara con el mismo periodo en 2021, cuando solo 13,656 personas realizaron esta travesía, marcando un aumento del 2,663 %.

Entre los migrantes que han transitado irregularmente por Honduras en 2023, se encuentran 208,091 hombres, 95,453 mujeres, 41,784 niños y 32,050 niñas, según los informes oficiales del INM.

Además, se ha observado que 149,016 (39.5 %) de estas personas se encuentran en el rango de edad de 21-30 años, 104,827 (27.7 %) tienen entre 31-40 años, 45,243 (12 %) figuran en el rango de 11-20 y 37,846 (10 %) oscilan edades entre 41-50 años.

De igual modo, 28,591 (7.58 %) en el rango de 0-10, 9,841 (2.61 %) entre 51-60, y 2,014 (0.53 %) personas tienen entre 61 y 100 años.

La mayoría de estos migrantes, un 92.53 %, han ingresado por la zona oriental de Honduras, que incluye los municipios de Danlí y Trojes, en el departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua.

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Además, 27,941 (7.40 %) personas optaron por la ruta a través de Choluteca, en el sur del país, mientras que otras 218 (0.05 %) ingresaron por las ciudades de Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, en el norte de Honduras, a través de la vía aérea.

Entre los 377,378 migrantes irregulares que han atravesado Honduras en 2023, 169,158 (44.82 %) proceden de Venezuela, 54,418 (14.42 %) de Cuba, 48,135 (12.75 %) de Haití y 37,088 (9.83 %) de Ecuador. El 17.49 % restante proviene de diversas nacionalidades.

Problemática se agudiza

En una reunión efectuada el pasado 23 de septiembre en McAllen, Texas, entre la presidenta Xiomara Castro y el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se discutió la situación de los migrantes en tránsito a través de Honduras, la mayoría con Estados Unidos como destino final, según informaron fuentes gubernamentales hondureñas.

Las denuncias de abusos por parte de las autoridades hondureñas contra los migrantes en tránsito son numerosas y provienen tanto de oenegés como del propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Estos abusos incluyen cobros indebidos por permisos de circulación y la exigencia de sobornos para permitir el paso a través de Honduras.

El pasado 21 de agosto una funcionaria del Centro de Atención al Migrante Irregular (CAMI) en Danlí, El Paraíso, fue detenida por la Policía Nacional por presuntos actos de corrupción relacionados con perjuicio a migrantes irregulares.

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