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Mediante su cuenta de Twitter, el Ministerio Público republicó este jueves un comunicado que emitió en octubre de 2021 mediante el cual condenaba las reformas hechas a esas legislaciones, por considerar que limitaban las investigación que hace, pero que ahora quedan si efecto.
Por medio del decreto 93-2021, fueron modificados 11 artículos Código Penal y otros 5 artículos de la Ley contra el Lavado de Activos, lo que fue considerado por críticos como un pacto de impunidad.
Por ejemplo, la reforma a la ley que ataca el lavado de activos obligaba al Ministerio Público a probar el delito precedente del blanqueo, es decir, tenía que probar de qué crimen provenían capitales ilícitos.
Anterior a esa reforma, si la persona no justificaba el bien, era acusado por lavado.
Al realizar estas reformas, imposibilitaba al Ministerio Público la reprensión y castigo al delito de lavado de activos, como forma de delincuencia organizada y fijar medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes producto de dicho delito.
En su momento, el Ministerio Público exhortó al Ejecutivo a vetar las reformas por considerarlas lesivas al quehacer de la Fiscalía en su lucha anticorrupción.
No obstante, fueron sancionadas por el entonces presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.
Decretos derogados
Otro decreto derogado en la sesión de miércoles es el 57-2020, que impedía al Ministerio Público realizar el comiso y secuestro de documentos en casos de corrupción, y el decreto 93-2021 limitaba la capacidad de la Fiscalía para trabajar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Sin embargo, otros sectores instan al Congreso Nacional a continuar derogando decretos, como el 116-2019, conocido como "fondo departamental", y revisar la regulación del delito de lavado de activos contemplada en el decreto 130-2017.
El 116-2019 blinda a diputados y funcionarios de ser acusados por mal manejo de fondos públicos; su derogación requiere de 86 de los 128 votos de los diputados (mayoría calificada).
La derogación de estos decretos son parte de los requisitos que solicita la Organización de Naciones Unidas (ONU) para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
RDD insta al CN a avanzar en la lucha contra la corrupción
Por su parte, la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) ha instado al Congreso Nacional a tomar medidas concretas para fortalecer el Estado de derecho y crear un ambiente favorable para la instalación de la CICIH.
La RDD celebró la derogación de los decretos 57-2020 y 93-2021, sin embargo, exhortó al Congreso Nacional a crear y reformar mecanismos normativos como la Ley de Colaboración Eficaz, la Ley del Consejo de la Judicatura y la Ley sobre Conflicto de Interés y Nepotismo.
Asimismo, reformar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), decreto 145-2019 en el artículo 77, que limita el acceso del Ministerio Público a la información del TSC y la derogación de la ley conocida como amnistía Política que fue aprobada por el actual Congreso Nacional a inicios del 2022.
La amnistía se refiere al decreto 4-2022 denominado "Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan", que absuelve de delitos penales a exfuncionarios del Gobierno de Manuel "Mel" Zelaya (2006-2009) por presunta persecución política.
También, resaltan la importancia de elegir, "bajo estándares internacionales de transparencia y publicidad", a personas idóneas para ocupar los cargos de fiscal general y adjunto del Ministerio Público.
"Estos nombramientos son fundamentales para el funcionamiento efectivo de la CICIH y deben basarse en la meritocracia, la participación ciudadana, la igualdad y la no discriminación", explicaron en un comunicado.
La RDD hizo un llamado al Congreso Nacional para que, a través de la derogación de normativas y la implementación de medidas complementarias, se avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Instalación de la CICIH
La llegada a Honduras de una CICIH, con el apoyo de la ONU, es una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro.
Castro indicó el miércoles en Twitter que ha informado a la misión de expertos de la ONU, que el convenio para la instalación de la CICIH debe estar listo y firmado en los próximos meses.
"Personalmente hablaré con el secretario (de la ONU), Antonio Guterres. No podemos esperar más", aseguró Castro.
El 15 de diciembre de 2022, el Gobierno hondureño y la ONU suscribieron en Nueva York, Estados Unidos, un memorándum de entendimiento para lo que será la CICIH, de la que todavía no se ha fijado fecha para su instalación.
Dicho memorándum venció el pasado jueves 15 de julio. No obstante, el 16 fue ampliado hasta el mes de diciembre de 2023 para concluir la negociación del convenio.
El país ya contó con una Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Vea además: Por unanimidad de votos, CN deroga decretos del pacto de impunidad previo a instalar la CICIH