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El Claustro de Profesores de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se pronunció en contra de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) por ser inconstitucionales e instó al Ministerio Público a que ejerza la acción penal pública que corresponda.
El Congreso Nacional aprobó en 2012 reformas a artículos pétreos de la Constitución de la República para permitir las ZEDE en el país y en 2013 mediante el Decreto 120-2013 aprobó la Ley Orgánica de estos proyectos.
Dicho Decreto "entra en conflicto con la Constitución de la República y Convenios y Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras”, señaló el Claustro de Profesores de Derecho en una carta pública dada a conocer el lunes 21 de junio.
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Los docentes de ciencias jurídicas manifestaron que los procedimientos constitucionales de reforma establecidos en la Carta Magna han sido transgredidos, al invadir el legislador ordinario el “coto vedado” establecido por el constituyente, como es, la prohibición de reforma de los artículos pétreos.
Además, la Ley de la ZEDE tampoco garantiza el efectivo respeto de los derechos y libertades consignadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Constitución de la República, agregaron en el escrito.
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Por tanto, estableció el Claustro de Maestros de Derecho de la UNAH:
"Fieles a la academia, coherentes con nuestra labor docente y con plena conciencia de nuestro deber histórico, caracterizándonos el pluralismo ideológico universitario, donde priman los intereses constitucionales, alertamos a los inversionistas, de la inconstitucionalidad y debilidad que subyace en la creación de las ZEDE advirtiéndoles del potencial riesgo de su inversión, cuando por la vía de la legalidad, se desconozcan estas “reformas” constitucionales y se expulsen del texto constitucional y de nuestro ordenamiento jurídico. Así mismo, hacemos un enérgico llamado:
A los diputados ante el Congreso Nacional: Que el legislador ordinario no tiene facultades para reformar artículos pétreos, en tanto que, esta facultad es exclusiva del constituyente;
A los magistrados de la Corte Suprema: Que al pretender basar su decisión en una “reforma” ilegal, solo demuestra que desconocen su deber de togados, de abogados y de patriotas, al aplicar una norma que notoriamente corrompe la Carta Magna;
Al Poder Ejecutivo: Que como funcionarios son depositarios de la Ley y jamás superiores a ella y que cualquier acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad;
Al Ministerio Público: Se le insta a ejercitar la acción penal pública que procede y le corresponde como responsable de la defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los Poderes del Estado y libre de toda injerencia política sectaria; y,
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A los colegas abogados, alumnos y ciudadanía: A manifestarse en defensa de la patria y su soberanía, y que es imperativo recordarles a quienes violenten estos preceptos Constitucionales, que cometen el delito imprescriptible de traición a la patria.
