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El presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Monseñor Ángel Garachana Pérez, hizo fuertes cuestionamientos al Congreso Nacional por no haber abrogado o ampliado por más tiempo la vacatio legis del nuevo Código Penal, vigente a partir del 25 de junio de este año, en medio de la pandemia por el covid-19.
El obispo de la Diócesis de San Pedro Sula, Cortés, hizo severos señalamientos en una entrevista con la periodista católica Patricia Ynestroza (Vatican News).
Garachana recordó que los obispos del país en más de una ocasión pidieron la abrogación del Código Penal, no obstante los reclamos eclesiales, y de otras instituciones políticas y académicas no fueron tomados en cuenta. "El órgano Legislativo ha hecho oídos sordos a estos graves y amplios cuestionamientos", manifestó.
El líder religioso enumeró cinco denuncias que se hicieron en su momento contra la nueva normativa penal, de la cual el Poder Judicial reconoció su vigencia.
Nueva Ley Penal "blinda" a corruptos
"En primer lugar se denuncia que el nuevo código tiene graves vicios de irregularidad en el proceso de su aprobación, lo que le convierte en una Ley que no se legitima en sí misma, y por tanto genera rechazo, repudio de la población hondureña", expresó Garachana.
Otro aspecto es que "concede facultades amplias y discrecionales a los operadores de justicia, lo cual no parece que es coherente con las exigencias de un Estado democrático de derecho, y más teniendo en cuenta que el actual sistema judicial de Honduras dista mucho de alcanzar los niveles de autonomía y profesionalidad requeridos", agregó.
En tercer lugar, el instrumento penal "no cumple con las exigencias de una política criminal adecuada al combate de la corrupción, más bien favorece la impunidad de los infractores del patrimonio público. El Código Penal y otras leyes pareciera que lo que está haciendo es blindar a los corruptos", indicó.
En cuarto lugar, la Ley coarta las libertades ciudadanas como derecho a la libertad de expresión, y el último aspecto es que hay desproporcionalidad entre el delito y las penas que se asignan, subrayó.
El nuevo Código Penal mantiene las penas contra la delincuencia común, pero disminuye penas por corrupción, narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado, se minimizan los delitos ambientales y laborales contra el bien común, incluso, la violencia sexual se suaviza, cuestionó el religioso.
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Peligro para la paz
El obispo Ángel Garachana recordó que la Conferencia Episcopal de Honduras ha insistido en el combate a la corrupción en el país. "Hemos expresado repetidas veces la preocupación que nos produce el nivel tan profundo y extenso de la corrupción, que es vergüenza para la vida pública, peligro para la paz social y raíz de la inequidad social de la pobreza del país", subrayó.
Los obispos "hemos afirmado que el nuevo Código Penal "se convierte en un instrumento de protección de los corruptos y narcopolíticos", por lo que la iglesia insiste en este aspecto "por la dimensión moral que conlleva, pues la corrupción arranca de la conciencia moral y termina en la corrupción de las instituciones, señaló Monseñor.
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Lo único que hubiera impedido la entrada en vigencia del Código Penal es que el Congreso antes del 25 lo abrogara o prolongara la vacatio legis, pero no lo hizo, "porque este código es el código que quieren y el código que les conviene”, señaló el presidente de la Conferencia episcopal de Honduras.
Los representantes de la Iglesia Católica llaman al Congreso para que abrogue el Código Penal y se formulen leyes justas, que busquen el bien común y respeten los derechos de las personas.
