Agregó que algunos indicadores del informe evidencian la violencia estructural, entendida como el contexto de desigualdad y precariedad que afecta a las mujeres en Honduras, limitando su acceso a oportunidades y a la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.

Según el estudio, durante 2022 la crisis de seguridad alimentaria, la violencia por el accionar de grupos de narcotráfico, pandillas y los desastres naturales a causa del cambio climático, han hecho que actualmente existan cerca de 3.2 millones de personas con necesidades humanitarias en el país, de las que el 60 % son mujeres.

Las mujeres afectadas en su mayoría son del sector rural y pertenecen a grupos étnicos que enfrentan mayor pobreza, así como limitaciones de acceso a los servicios básicos y de salud.

El informe añade que la situación se agrava por la baja titulación de tierras para las mujeres, las dificultades para acceder a los créditos agrícolas en comparación con los hombres, más los cambios en los patrones de lluvia y los extensos períodos de sequía.

"Las mujeres están perdiendo el control tradicional sobre sus cultivos y fuentes hídricas, llevándolas a desplazarse en precarias condiciones y aumentando su exposición a la trata y al abuso sexual", subraya el informe.

Señala, además, que por la alta dependencia de los recursos forestales para su sustento y su aguda vulnerabilidad al cambio climático, las mujeres defensoras de los derechos humanos han estado impulsando las luchas para proteger el entorno natural, lo que ha incrementado la violencia contra ellas en los últimos años, en un esfuerzo por acallar sus voces y su participación en la vida pública.

Excluidas y discriminadas

"Los altos niveles de violencia doméstica y sexual que ellas experimentan en periodos de precariedad económica, durante y después de los fenómenos meteorológicos extremos, han creado un círculo vicioso negativo de seguridad climática que socava sus capacidades de adaptación, restringe sus opciones de medios de vida y reduce ya de por sí su baja capacidad de incidencia", afirmó el Conadeh.

También indicó que las mujeres en Honduras, que representan el 53.3 % de los 9.5 millones de habitantes que tiene el país, son mayormente excluidas y discriminadas.

Las tasas de analfabetismo son más altas en las mujeres, especialmente en las zonas rurales, y tienen más dificultades para acceder a una educación terciaria y programas de formación técnica y profesional, lo que incide en una mayor inequidad en el acceso al mercado laboral.

Eso hace que aproximadamente el 76 % de las mujeres trabaje en el sector informal, lo que se traduce en falta de seguridad social, protección laboral y disfrute de beneficios básicos.

El informe revela que el 37.2 % de los hogares en Honduras son liderados por mujeres, quienes son las proveedoras principales, sin dejar de lado el trabajo de cuidados no remunerados, pero su contribución a la economía del país y el bienestar individual y social no es visible, ni reconocido.

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